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    La International Chamber of Commerce (ICC) México indicó que para que la próxima autoridad en competencia económica opere de forma independiente se debe asegurar una estructura, operación y presupuesto que garanticen su autonomía técnica.

    Así se obtendrán decisiones imparciales y basadas en pruebas y análisis de mercado realizadas de forma profesional por personal con capacidad y experiencia en la materia.

    “Se estima que un cuerpo colegiado, compuesto por personas que hayan demostrado de manera fehaciente y pública una amplia experiencia y conocimientos en la materia, y que cuenten con nombramientos de al menos siete años, contribuiría a garantizar la independencia técnica de la institución”, expuso en un comunicado como parte de una serie de recomendaciones.

    Está previsto que el pleno de la Cámara de Diputados discuta y vote este miércoles una reforma constitucional para desaparecer siete órganos autónomos, entre ellos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

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    La ICC es una organización que cuenta con una red global de más de 45 millones de empresas, cámaras de comercio y asociaciones empresariales en más de 130 países, y busca fomentar la apertura del comercio y la inversión internacional.

    El organismo consideró que sus sugerencias son clave para guiar el desarrollo y funcionamiento de la autoridad que sustituirá a la Cofece.

    Consideró como fundamental definir con claridad los objetivos de la próxima autoridad, que debería estar enfocada en la protección del proceso de competencia económica en el país y sus efectos sobre el bienestar de los consumidores.

    Señaló que esa claridad orientará las decisiones y la priorización de casos, asegurando que las medidas tomadas estén alineadas con las metas establecidas.

    Recomendó que para evitar sesgos en el análisis de casos y asegurar un proceso justo, se separen las funciones de investigación y de adjudicación, promoviendo así la objetividad y equidad en las resoluciones.

    Altos niveles de transparencia

    El organismo apuntó que la futura autoridad deberá seguir operando con altos niveles de transparencia en sus procesos y toma de decisiones.

    “Esta transparencia no solo aumentará la legitimidad percibida, sino que también actuará como una defensa contra influencias externas indebidas”, aseveró.

    Agregó que los controles y protocolos para el contacto con funcionarios deben de conservarse y reforzarse.

    Añadió que la colaboración con reguladores sectoriales es esencial para alinear políticas de competencia y regulación, evitando así conflictos y duplicación de esfuerzos.

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    Dijo que debe existir una flexibilidad organizativa que permita a la autoridad adaptarse a cambios en el entorno económico y legal a fin de responder eficazmente a nuevos desafíos y oportunidades, particularmente ante los desafíos que representa la economía digital.

    Afirmó que el reclutamiento y retención de personal altamente calificado en economía y derecho es imprescindible para manejar casos complejos.

    Mecanismos de evaluación

    ICC México añadió que deben establecerse mecanismos de evaluación y mejora continua para que la autoridad se adapte a cambios en el entorno y justifique su existencia y efectividad.

    “La propuesta de ICC México busca fortalecer el sistema de competencia económica en el país mediante la creación de una autoridad autónoma, capaz de operar con independencia, imparcialidad y eficacia”, manifestó.

    Consideró que la implementación de estas recomendaciones será fundamental para asegurar que México continúe avanzando hacia un entorno de mercado más competitivo, transparente y justo para todos, protegiendo a consumidores y fomentando la innovación.

    Ayer la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) señaló en un comunicado que la iniciativa para desaparecer organismos autónomos como el IFT o el INAI afecta el principio de progresividad de los derechos fundamentales, los mecanismos de control y la transparencia que deben ser protegidos por el Estado.

    Sostuvo que las actuales atribuciones de ambas entidades perderán independencia, especialidad técnica y se politizarán si el Congreso avala su extinción.

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