'No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado. En lugar de quedarnos de brazos cruzados mientras perdemos nuestras libertades constitucionales, yo disiento'. – Jueza Sonia Sotomayor
Estados Unidos ha llegado a un peligroso punto de inflexión. Este mes, la Corte Suprema reveló su disposición a erosionar las protecciones constitucionales al otorgar a los agentes de inmigración la autoridad para parar, interrogar y detener a personas por su apariencia física, idioma o estatus socioeconómico aparente. Si bien aún no es una decisión definitiva, esta decisión presagia una trayectoria preocupante: la normalización del perfilamiento racial como herramienta autorizada de las fuerzas policiales.
Una decisión de ‘Shadow Docket’ con consecuencias duraderas
El fallo se dictó a través del cada vez más controvertido “shadow docket” de la Corte, eludiendo las garantías habituales de las audiencias completas y las opiniones publicadas de los jueces. De esta manera, la mayoría evitó justificar su razonamiento ante el pueblo estadounidense, mientras respaldan una práctica reconocida desde hace tiempo como discriminatoria y profundamente impopular en Estados Unidos.
Del perfilamiento a la vigilancia policial: luz verde a la discriminación
Las implicaciones son graves. Ahora, los agentes de inmigración pueden detener a personas por su apariencia física, acento u ocupación. Si alguien parece latino, habla español o inglés con acento y tiene un trabajo que suele asociarse con inmigrantes, puede ser detenido e interrogado sobre su estatus migratorio. Lo que antes era perfilamiento ilegal se ha rebautizado como aplicación permisible de la ley.
Redadas, política y la Guardia Nacional
El momento elegido no es casualidad. El fallo coincide con la agresiva iniciativa del presidente Trump para llevar a cabo redadas migratorias en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Boston. Estas comunidades se resistieron a su administración y se comprometieron a limitar su cooperación con las autoridades federales. Con un objetivo 3,000 arrestos diarios y especulaciones de desplegar la Guardia Nacional a un costo aproximado de un millón de dólares diarios, esto ya no se trata de seguridad, se trata de consolidar el poder y usar el miedo como un arma.
Más allá de la inmigración: un retroceso constitucional
Este fallo de la Corte Suprema tiene importantes repercusiones más allá de las migratorias; muestra la reticencia de la Corte Suprema a defender los derechos constitucionales por los que tanto se luchó durante el movimiento por los derechos civiles. El presidente Trump ha prometido “recuperar Estados Unidos”, pero ¿recuperar qué? ¿Volver a una época en la que los estadounidenses luchaban por la igualdad de derechos fundamentales durante los movimientos por los derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960?
Sobre la autora:
*Jasmin Singh es abogada de inmigración especializada en derecho migratorio estadounidense radicada en la Ciudad de Nueva York.
LinkedIn: Jasmin Singh
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