La construcción de la democracia en México ha tenido una particular connotación en el ámbito electoral. Sin exagerar, puede afirmarse que la reforma política de 1977 dejó sentadas las bases del sistema electoral vigente hasta hoy. Una reforma concebida en el México gobernado por José López Portillo, cuyo legado, bajo la dirección de Jesús Reyes Heroles, fue la creación de leyes e instituciones a partir de las cuales se diera un “proceso de liberación política”.
A lo largo de las once reformas electorales que se han realizado desde 1977 hasta 2014, bajo los gobiernos del PRI y del PAN, se modificaron aspectos importantes en el sistema impugnativo electoral, se aumentaron a 200 los diputados de representación proporcional, hubo cambios en lo que respecta al financiamiento de los partidos políticos, fiscalización, padrón electoral, integración de los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales, voto de los mexicanos residentes en el extranjero y paridad de género, entre otras reformas de diversas intensidades.
Sin embargo, puede decirse que, desde 1977, cuando se creó un sistema mixto con predominio mayoritario (100 diputados de representación proporcional y 300 diputados de mayoría relativa) y, a pesar de las múltiples reformas político-electorales, el sistema electoral perdura en sus características esenciales a la fecha.
Por otro lado, a pesar de avances importantes en el ámbito institucional, lo cierto es que el desgaste de los gobiernos neoliberales que dominaron la confección de los arreglos electorales alcanzó su punto crítico en 2014, con el escándalo de la “Casa Blanca” y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Ambos eventos, apenas dos años después del regreso del PRI a la presidencia de la República, aceleró la espiral de hartazgo de la ciudadanía con la clase política y evidenció los límites del sistema político edificado sobre las bases de la década de los 70.
El triunfo histórico de Andrés Manuel López Obrador en 2018 significó el inicio de cambio de régimen en sus pilares, como lo es la relación entre los poderes públicos y el ejercicio del poder mismo. A lo largo del mandato de López Obrador quedó claro por qué la Cuarta Transformación no era una simple tercera alternancia en el poder presidencial, sino que se trataba de un proceso de la dimensión de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.
La reforma de 1977 tuvo como principal motivación que la oposición pudiera ocupar espacios de poder que antes le habían sido negados por la hegemonía del partido oficial. La supuesta alternancia del año 2000, no lo fue, pues las estructuras del viejo régimen siguieron operando durante los 12 años que el PAN estuvo en la presidencia, tanto es así, que el PRI pudo regresar al poder y que ambos partidos tuvieron una agenda política y económica similar, y que la repartición de las gobernaturas, municipios y el congreso se dio entre ambos partidos. Es decir, el PAN dejó de ser oposición y se mimetizó con el viejo régimen. Sin embargo, fue hasta el 2018 que el presunto objetivo de la reforma de 1977, que la oposición ocupara espacios de poder, al fin se logró.
Ahora, con la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación con la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum, una nueva reforma electoral se presenta como un paso ineludible. Pero no cualquier reforma, y menos aún bajo la dinámica que dominó el ciclo de cambios electorales de 1977 a 2014. Los primeros pasos sobre los que se dibuja esta reforma de Estado ya se han dado. El 4 de agosto se publicó el decreto por el que la Presidenta crea de manera transitoria la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez, e integrada por las personas titulares de la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Oficina de la Presidencia de la República, Coordinación de Asesores del Presidente de la Oficina de la Presidencia de la República y Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República.
La integración ha sido enormemente criticada por la oposición, a pesar de que la presidenta Sheinbaum y Pablo Gómez explicaron que el objetivo de la Comisión será convocar a un amplio proceso de consulta popular. Lo cierto es que, a un proceso de cambio de régimen como el que vivimos, le corresponde una reforma electoral de semejante talante.
Sobre la autora:
Palmira Tapia es Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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