Por José Roberto Balmori*
El presidente Donald Trump sigue enfocado en dirigir todos sus esfuerzos a reducir el déficit comercial de Estados Unidos mediante aranceles. Aunque ya se ha anunciado un paquete de aranceles, persiste mucha incertidumbre sobre si estos serán permanentes o temporales, y si se aplicarán de forma universal o con excepciones. Independientemente de esta política pública, el presidente Trump sería mucho más efectivo en la reducción del déficit comercial si implementara las siguientes tres políticas: (i) reducir drásticamente el déficit fiscal, (ii) depreciar el dólar estadounidense, e (iii) imponer un impuesto al flujo de capitales extranjeros, sobre todo a los especulativos.
Por un lado, tener un déficit fiscal elevado se traduce contablemente en un desequilibrio comercial, ya que agentes económicos extranjeros (y nacionales) deben financiar esa brecha entre los ingresos y egresos del gobierno. En el periodo de 60 años comprendido entre 1947 y 2007, Estados Unidos mantuvo una disciplina fiscal con una deuda federal que rondaba el 60% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, a partir de 2008, la situación se deterioró significativamente, y en tan solo 15 años, la deuda alcanzó el 120% del PIB. Es decir, en un cuarto del tiempo (15 años) se acumuló la misma deuda que Estados Unidos adquirió durante 60 años.
En 2023 y 2024, el déficit fiscal en Estados Unidos superó el 6% del PIB en cada año. A este ritmo, es casi seguro que habrá una crisis económica en dicho país, a menos que se ajuste el gasto gubernamental. Este déficit se debe principalmente al creciente gasto en seguridad social, es decir, el programa instituido por el presidente Franklin D. Roosevelt que otorga una pensión suplementaria a los ahorros individuales, además de atención médica a través de Medicare (partes A y B). Como en muchos países, existe el mito de que las aportaciones de trabajadores y empresas cubren estos gastos. Sin embargo, la realidad es que el gobierno recurre al déficit fiscal para cubrir este hueco. En una palabra, otorga beneficios no financiados por las generaciones pasadas a costa de endeudar a las futuras. De acuerdo con cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, durante los próximos 10 años, el gobierno incurrirá en un déficit de más de 4 trillones de dólares. Por lo tanto, a menos que haya una reforma fiscal para reducir esos beneficios a los pensionados, principalmente a los de mayores ingresos, se antoja difícil que el déficit comercial se ajuste a la baja.
Por otro lado, el nuevo gobierno de Trump tiene la oportunidad de interferir de manera más directa en la depreciación del dólar americano. Para ello, la administración podría ordenar la compra de divisas internacionales como el euro o el franco suizo como alternativas de reserva, y vender más dólares para que su valor se ajuste a la baja y las exportaciones estadounidenses sean más baratas, mientras que las importaciones de productos extranjeros se encarecerían. Incluso, Estados Unidos tiene espacio para adquirir unas canastas de monedas de países en desarrollo como el peso mexicano.
Por último, el gobierno del presidente Trump podría comenzar a imponer impuestos a los flujos de capitales extranjeros, sobre todo a los que se concentran en la compra de activos como viviendas o activos especulativos, de tal manera que se reduzca la financiación del consumo deficitario tanto del gobierno como de los agentes privados. Esto haría que algunos activos, como las viviendas, vuelvan a ser asequibles para los ciudadanos de ese país, al tiempo que se penalizaría a los especuladores financieros. Asimismo, esta última política serviría para recaudar más impuestos.
En adelante, el gobierno del presidente Trump debería explorar estas alternativas, las cuales son mucho más efectivas que los aranceles. Si bien Estados Unidos tiene margen para aumentar aranceles y procurar que la industria americana se fortalezca, sería un error pensar que esa política debe ser el centro de una estrategia para reducir el déficit comercial. No obstante, las tres alternativas abordadas en este artículo tienen costos políticos muy altos, en especial las que se refieren a una reforma en la seguridad social acompañada de una reforma fiscal, los cuales dicha administración puede no estar dispuesta a pagar.
Sobre el autor:
*Dr. José Roberto Balmori, director de los programas de licenciatura de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México.
Twitter: @jrbalmori
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