Por Edgar Alonso Angulo Rosas*
Mucho se puede decir de Benito Juárez. Su lugar en la historia oficial es, por decir lo menos, controvertido; pero, más allá del bronce, nadie duda de su pericia como jurista. Ese conocimiento lo llevó a presidir la Suprema Corte de Justicia, cargo que fue plataforma para saltar —o asaltar, dirían otros— a la Presidencia de la República. La tradición política mexicana le atribuye numerosos aforismos, casi todos con una notable carga jurídica. Sin embargo, hay uno, probablemente apócrifo pero profundamente revelador del ejercicio del poder en México, que ha sobrevivido por generaciones, quizá porque resume mejor que ningún otro el estilo de ejercer el poder que la historia terminó asociándole: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas.”
Lo importante, más allá de la autenticidad de la frase, es que resume una práctica política recurrente. Lo que en la superficie podría parecer un gesto de indulgencia humana es, en realidad, la confesión de una balanza inclinada. Sus repercusiones no son menores y han contribuido a una incertidumbre institucional que la República no merece.
Hoy ese concepto ha mutado. Hemos pasado de la aplicación estricta de la ley a la venganza pura, y de la indulgencia hacia los propios a una auténtica miopía arbitral.
Si bien proteger a los amigos y aplastar a los rivales no constituye una práctica nueva, la perversión de las instituciones para justificarlo tiene antecedentes que invariablemente anuncian la decadencia de las repúblicas. En la antigua Roma, Cicerón defendió a su aliado político Tito Annio Milón en el célebre Pro Milone. No negó que hubiera ocurrido la muerte de Clodio; construyó una sofisticada argumentación para presentarla como un acto de legítima defensa en favor de la República. Allí aparece una de sus expresiones más célebres: Silent enim leges inter arma (“las leyes callan cuando hablan las armas”). Lo verdaderamente trágico es que aquel brillante discurso fue escrito después del fracaso del juicio, cuando el Estado de derecho ya había cedido frente a la violencia y al poder político.
Esa misma aberración —torcer la ley invocando un supuesto bien superior— tampoco es ajena a nuestra historia. En 1986, durante la disputa por la gubernatura de Chihuahua, desde el propio régimen se popularizó la expresión del “fraude patriótico“ para justificar el despojo electoral bajo el argumento de impedir que el estado cayera en manos de la oposición. Esa lógica de impunidad preparó el terreno para la cuestionada elección presidencial de 1988 y la célebre “caída del sistema”, presentada por muchos como un mal necesario para preservar la estabilidad del país. Hoy la evolución de ese esquema puede observarse en el intento de construir salidas legales a la medida, mediante reformas electorales que abren la puerta a interpretaciones cada vez más amplias sobre la llamada “intervención extranjera”. Ayer fue el partido de Estado robando una elección en nombre de la patria; hoy es una nueva hegemonía preparando el terreno por si el voto popular deja de favorecerla.
En la actualidad, a los adversarios no solo se les combate con todo el peso del Estado, sino mediante interpretaciones crecientemente punitivas del derecho. Se buscan las penas máximas y se debilitan los principios garantistas y restaurativos que inspiraron la reforma del sistema penal acusatorio. En contraste, para los aliados, el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario se eleva como un mantra inquebrantable.
Exigir “pruebas, pruebas, pruebas” se convierte en el escudo protector. Pero no termina ahí: se exigen pruebas para después descalificarlas a conveniencia; se envía a los afectados a recorrer una burocracia tortuosa donde, al final, los testimonios terminan anulados por la voz que dicta sentencia desde la mañanera.
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El público, sin embargo, no es ciego. Percibe que la cancha está inclinada y, dicho desde el lapsus oficial, “el pueblo no es tan tonto” [sic]. Resulta evidente cuando, en ciertos casos, golpear a una mujer se tipifica de inmediato como tentativa de feminicidio, mientras que en otros se reduce a violencia susceptible de perdón. Lo vemos cuando presuntos vínculos con el narcotráfico son tratados como mera especulación si alcanzan a los propios, pero se convierten en verdad prácticamente incontrovertible cuando las mismas autoridades norteamericanas rozan al adversario.
Estamos, en resumen, frente a una justicia deportiva, donde el árbitro tiene dueño. Existen los consentidos de la competencia —llámense Messi, el América o Estados Unidos— para quienes las tarjetas rojas permanecen en el vestidor y el VAR, convenientemente, observa otra jugada. Para unos existe un reglamento inaplicable; para otros, uno implacable.
Jacques Lacan advertía que la Ley —con mayúscula— no es simplemente el conjunto de normas escritas, sino el orden simbólico que hace posible la convivencia porque obliga a todos por igual. El problema comienza cuando alguien deja de reconocerse como sujeto de esa Ley y se instala como excepción permanente o, si se prefiere, como una excepción patriótica. No rompe formalmente las reglas; las preserva para los demás mientras se reserva el privilegio de quedar fuera, o mejor dicho, por encima de ellas. La justicia deja entonces de ser un principio universal para convertirse en un instrumento de castigo contra el adversario; cuando se trata del aliado, apenas alcanza la categoría de “incidente”. Porque cuando el poder llega al punto de decir “no me vengan con que la ley es la Ley”, ya no está defendiendo el derecho: está confesando que existen dos leyes, una para los ciudadanos y otra para los amigos del poder. Peor aún, está insinuando que la Ley deja de residir en las instituciones para encarnarse en la voluntad de quien gobierna. Como si la República olvidara que la Ley pertenece a las instituciones y no a las personas. Es la vieja tentación del L’État, c’est moi, ahora revestida de lenguaje republicano.
En México, el Estado de derecho parece ceder, una y otra vez, frente a un Estado de excepción… siempre que el exceptuado sea el aliado.
Lo verdaderamente preocupante de todo esto es la amnesia discursiva. En su primer mensaje como presidente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no metería las manos por sus cercanos. Afirmó que podían haber sido compañeros de lucha, haberlo acompañado históricamente, pero que la corrupción se combatiría “barriendo las escaleras de arriba hacia abajo”. Lo que nunca nos dijo es que al penthouse nadie entraría a limpiar.
En el club de los selectos, los amigos portan inmunidad. Antes existieron el fuero militar y el eclesiástico; hoy subsiste el fuero constitucional para determinados representantes populares bajo la premisa de proteger la función pública. Pero, además, parece haberse consolidado una nueva forma de impunidad: el fuero del compadre, del hermano, del correligionario. Y cuando la justicia deja de distinguir entre ciudadanos para empezar a distinguir entre las relaciones y los vínculos, cuando se divide entre amigos y enemigos, deja también de ser justicia para convertirse únicamente en poder. Tal vez por eso aquel viejo aforismo ha sobrevivido durante tantas generaciones: no por lo que dice de Juárez, sino por lo que revela de quienes hoy se proclaman sus herederos.
Sobre el autor:
*Edgar Alonso Angulo Rosas es psicólogo clínico y experto en adicciones con amplia experiencia en prevención y atención a violencias, adicciones, salud mental y derechos humanos. Ha ocupado cargos directivos en ONGs, sector público y privado.
Correo electrónico: [email protected]
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