Posiblemente por el hecho de haber vivido una parte de mi vida en español, cuando oigo hablar sobre DOGE a mis amigos, colegas, y clientes en Estados Unidos no dejo de pensar para mis adentros “cómo se nota que nunca les ha tocado un Petro, un Peña Nieto, o un Kirchner. Si Corrupción Desmedida es el nombre real de América Latina” seguido de una risa nerviosa.
Nerviosa porque la realidad es que, como todo en Estados Unidos, las proporciones son tan grandilocuentes como escandalosas… Entre otros (y porque la lista parece interminable) los reportes han identificado pagos de Seguridad Social a personas registradas con edades superiores a 150 años sin verificación de identidad. Auditorías han evidenciado que empresas privadas continúan cobrando por contratos vencidos hace más de 20 años, lo que ha generado pérdidas millonarias.
En el caso de Medicaid, uno de cada cinco dólares gastados es clasificado como impropio o fraudulento, lo que podría traducirse en un costo de un trillón de dólares en la próxima década. Proyecciones oficiales estiman que en 2025 los pagos de intereses de la deuda nacional superarán los 952 mil millones de dólares, rebasando el presupuesto militar total del país.
El Departamento del Tesoro ha emitido cheques en blanco sin categorización ni documentación de respaldo, lo que ha facilitado pagos indebidos. Contratos de hospedaje para migrantes han sido firmados por montos de hasta 59 millones de dólares, con tarifas al doble del valor del mercado.
En términos de asistencia humanitaria, se ha registrado el envío de un cargamento de 50 millones en condones a Gaza, originalmente destinado a la prevención del VIH en Mozambique. A su vez, sistemas obsoletos han permitido que fondos federales sigan siendo asignados a entidades sancionadas por actividades ilícitas, debido a demoras de hasta un año en la actualización de listas de pago prohibido.
Estos hallazgos en Estados Unidos no difieren de los patrones de corrupción en América Latina. Investigaciones en México han expuesto que el desfalco en Segalmex asciende a 15 mil millones de pesos, mientras que Pemex continúa con pagos por obras inconclusas que superan los 10 mil millones. O la denominada Estafa Maestra aún mantiene registros de pagos irregulares en universidades por más de 7 mil millones de pesos.
En Argentina, los subsidios energéticos han dado lugar a desvíos de al menos 5 mil millones de dólares. Documentos filtrados en Brasil revelan que 2 mil millones de dólares en sobornos relacionados con el caso Lava Jato siguen sin recuperarse. En Colombia, el sobrecosto de proyectos de infraestructura ha generado un impacto financiero de 1.2 billones de pesos. En Perú, la Fiscalía continúa rastreando cientos de millones de soles desviados por la red de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
Más allá de divisiones entre ‘tercer vs primer’ mundo o ‘demócratas vs republicanos’ estamos llegando a un acuerdo social: encuestas recientes reflejan que más del 70% de los ciudadanos estadounidenses respaldan la iniciativa de DOGE, con consenso tanto en la derecha como en la izquierda en cuanto a la magnitud del problema de corrupción en Washington.
Durante una conferencia de prensa, Elon Musk expresó su preocupación por la falta de transparencia en el sistema gubernamental, argumentando que “Estados Unidos no es una democracia, sino una burocracia”. Para algunos, representa un exceso de poder; para otros, un intento legítimo de exponer la verdadera naturaleza del aparato estatal.
Si DOGE consigue sus objetivos, el futuro del gobierno podría cambiar de forma drástica. Modelos como el de Estonia ya han logrado digitalizar la gestión de trámites mediante inteligencia artificial. Sistemas basados en blockchain podrían asegurar la trazabilidad de cada transacción pública en tiempo real. La descentralización de servicios gubernamentales abre la posibilidad de operarlos con la eficiencia de una empresa privada.
Contratos inteligentes permitirían reducir los costos operativos en un 70%, según investigaciones del MIT. Varios países de la Unión Europea han empezado a implementar sistemas de identificación digital para eliminar procesos burocráticos redundantes. El Foro Económico Mundial ha propuesto que el uso de algoritmos en la toma de decisiones podría mejorar la rapidez y efectividad de la administración pública.
Estudios del Banco Mundial indican que la inteligencia artificial aplicada a trámites gubernamentales disminuiría los tiempos de espera en un 90%. Informes de Harvard señalan que el uso de tecnología avanzada en la gestión pública ha logrado reducir los niveles de corrupción hasta en un 40%.
DOGE ha puesto en evidencia que el despilfarro y la corrupción no son fenómenos exclusivos de América Latina, sino problemas de escala global. Sin embargo, su éxito plantea interrogantes más profundas sobre el futuro de la administración pública. La evolución del Estado podría derivar en un modelo completamente automatizado, con inteligencia artificial como pilar de su funcionamiento.
Si bien la transparencia y eficiencia son metas deseables, la transición a un gobierno sin burócratas implica desafíos éticos y estructurales. La ciudadanía estadounidense comienza a ver lo que en América Latina se ha entendido por generaciones: la política, en su mayoría, está marcada por la corrupción. Pero la pregunta que queda en el aire es aún más grande: ¿estamos preparados para un futuro donde el gobierno sea un sistema autónomo gestionado por máquinas?
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* Luis Chacón es consultor global de negocios; enfocado en consumo masivo, estrategia competitiva, innovación, y prospectiva.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
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