La eficiencia fiscal es, en su forma más evolucionada, una arquitectura de incentivos diseñada para maximizar el retorno social del capital, alejada de la idea de suma cero donde el Estado gana lo que el contribuyente pierde.
En la compleja estructura financiera de la Ciudad de México, la recaudación ha dejado de ser una simple extracción de rentas para convertirse en una herramienta de optimización de la economía real. Mientras la ortodoxia sugiere que para fortalecer las arcas es imperativo elevar las tasas, la estrategia actual de la capital apuesta por una premisa más sofisticada: la curva de Laffer — reducir impuestos muy altos puede aumentar la recaudación al reactivar la economía— aplicada a la justicia distributiva.
Al disminuir la fricción administrativa y aliviar la carga sobre los sectores productivos y vulnerables, el gobierno fomenta el cumplimiento voluntario y ensancha la base gravable mediante la formalización y la sostenibilidad de las unidades económicas.
El programa de beneficios fiscales impulsado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, proyecta al 2026 como el año de la consolidación financiera a través de incentivos como el subsidio a la tenencia y cuotas fijas en predial y agua; una arquitectura de decisiones para premiar la responsabilidad fiscal. En 2025, esta política de justicia fiscal alcanzó a 4.5 millones de personas, permitiendo que 1.3 millones de familias optimizaran su flujo de caja mediante descuentos por pago anticipado.
La experiencia técnica del Secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, en la gestión presupuestaria federal se refleja en la Ciudad, donde se busca ensanchar la base gravable mediante la formalización y la sostenibilidad de las unidades económicas, optimizando la recaudación a través de la tecnología y no de la coacción.
Desde la perspectiva de la economía institucional, la solidez de una metrópoli depende de su capacidad para incentivar la participación y no la extracción. La simplificación administrativa que benefició a 93 mil negocios con subsidios al Impuesto sobre Nómina (ISN) es, en esencia, una reducción masiva de los costos de transacción.
Este modelo desafía la narrativa convencional de que el gasto social debilita las finanzas públicas. Al proteger el ingreso de 172 mil adultos mayores y grupos vulnerables mediante cuotas fijas, se evita la erosión del patrimonio familiar, lo que garantiza estabilidad social y reduce la presión sobre otros servicios públicos de asistencia.
Una política fiscal que no crea nuevos impuestos, pero tecnifica la recaudación, envía una señal de madurez institucional a los mercados. La meta para 2026 no es solo un balance contable positivo, sino la consolidación de un ecosistema donde el cumplimiento fiscal sea percibido como una inversión en infraestructura social y estabilidad de mercado.
Sobre el autor:
Salvador Guerrero Chiprés es Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México.
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