Mientras la data oficial duerme, la realidad en la trinchera terapéutica es innegable: el consumo, abuso o dependencia a sustancias se ha convertido en el principal motivo de consulta en jóvenes. Los Centros de Integración Juvenil (CIJ) alertan que el “cristal” es la droga de mayor impacto.
Vivimos una epidemia de facto que, en estos últimos diez años, preferimos intuir antes que medir. Este desconocimiento no solo genera caos en la política pública, también provoca una “crianza reactiva”. En lugar de un enfoque proactivo, en los hogares, los padres y madres se debaten entre aplicar una disciplina férrea (desde el pánico) y un enfoque falsamente empático y sobreprotector, normalizando los riesgos (desde la culpa), ambos desde la ignorancia.
Es una trampa psicológica: en un intento fallido de aplicar la “consideración positiva” (Carl Rogers), caen en la permisividad. Fracasan, en términos freudianos, en la tarea esencial de la crianza: la instauración del Principio de Realidad. Este principio, que Freud definía como la capacidad de posponer la gratificación y negociar con el mundo, es el que debe dominar al Principio de Placer, esa fuerza ciega que solo busca la satisfacción inmediata sin medir consecuencias.
El panorama sombrío es el resultado de un fracaso sistémico. Hemos caído en la trampa de tratar a la niñez y juventud como “pequeños adultos”, ignorando lo que la neurociencia ha probado. Como explica el Dr. Laurence Steinberg, autor de Age of Opportunity, el cerebro adolescente vive un “desfase de maduración”: el sistema límbico (impulsos y gratificación) ejerce una presión sobre la conducta, mientras que la corteza prefrontal (control, autorregulación, juicio y planeación a largo plazo) no termina de madurar hasta los 25 años.
A esa brecha neurológica, las familias les ofrecen un consumo modelado por las buenas intenciones y la profunda ignorancia. El psicólogo Albert Bandura demostró con su teoría del aprendizaje social que la imitación es la forma más potente de educación. Y el modelo que ofrecemos es claro: enseñando a tomar alcohol como rito social, permitiendo drogas bajo el argumento de “es mejor que no me mienta” y normalizando riesgos bajo sus propios consumos mal llamados “lúdicos”, “recreativos” y “experimentales”.
La segunda línea de defensa, los especialistas en formación, enfrentan un “burnout” generalizado. No es solo “cansancio”; es el síndrome descrito por la psicóloga Christina Maslach, caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización (un trato cínico o deshumanizado hacia el paciente) e ineficacia profesional. Al atender un trastorno de pronóstico reservado, sin recursos del Estado y con familias ausentes o poco comprometidas, el nado a contracorriente provoca una fuga de profesionales formados que nadie está midiendo.
Pero el fracaso más profundo es el de la política pública. Hemos reemplazado la evidencia científica por “modas” ideológicas. Como advirtió Hannah Arendt, la ideología es peligrosa porque “precede a la experiencia, en lugar de aprender de ella”. Se gobierna y se educa por ocurrencias, “remedios” populistas y presiones mediáticas, mientras la ciencia es la única ausente en el debate. Tal como los padres que ceden ante el berrinche, la política pública ha optado por el Principio de Placer (la popularidad inmediata, el aplauso fácil de la ‘moda’) en lugar del Principio de Realidad (el trabajo duro, impopular pero necesario, de aplicar la ciencia).
El ejemplo más claro es la obsesión con el cannabis. Se legisla desde un falso progresismo de “derechos”, ignorando deliberadamente la evidencia de fracaso. En Colorado y Washington, tras la legalización, diversos reportes han señalado aumentos en el consumo juvenil, en hospitalizaciones por psicosis cannábica y en accidentes de tráfico. Estamos ansiosos por importar errores que otros ya pagaron caro. Peor aún, instancias que deberían prevenir, promueven. No pocos institutos de la juventud han sido promotores activos del cannabis, y hoy, algunas instancias destinadas a la prevención reivindican los “derechos del usuario” por encima de la salud pública.
Mientras jugamos a ser Ámsterdam, ignoramos los “Best Buys” de la Organización Mundial de la Salud: las políticas probadas por su costo-efectividad. La OMS es clara: 1) Aumentar impuestos al alcohol, 2) Restringir la disponibilidad (puntos de venta y horarios), y 3) Prohibir la publicidad. Nosotros hacemos lo opuesto: somos laxos con la venta a menores y, como brutal ironía, vemos anuncios de alcoholeras en estadios deportivos, competencias automovilísticas y hasta en juegos de pistas de carreras para niños.
Nos venden la legalización de la marihuana como una panacea económica. Es un espejismo fiscal. La evidencia de varios estados de EE.UU. es clara: por cada dólar recaudado en impuestos al cannabis, se gastan varios más en costos sociales: tratamiento de adicciones, gastos médicos, ausentismo laboral y justicia penal. Sumaremos miles de nuevos consumidores problemáticos a un sistema de salud ya colapsado.
Quien crea que esto erradicará el narcotráfico, peca de ingenuidad lógica. El mercado principal de la droga ilegal son los menores de edad. Un mercado formal, por definición, no puede (o no debería) surtir a ese grupo etario. Por tanto, el mercado negro seguirá existiendo; tendrá el monopolio de ese grupo, ya sea surtido por el narcotráfico tradicional o por la desviación del nuevo mercado formal. Además, la incorporación de impuestos elevará el precio legal, dejando intactos los mercados ilícitos, pero generando nuevos consumidores que, al ser legal, se darán la oportunidad de probarlo.
Y mientras el debate público se obsesiona con el cannabis, otra epidemia crece en las comunidades. El “cristal” (metanfetamina) se ha convertido en la droga principal. A esto se suman los nuevos riesgos: vapeadores, que se vinculan a lesiones pulmonares severas; choco-hongos, relacionados con falsos suicidios producto de brotes psicóticos y no de depresiones; y el fentanilo, que mientras en México se niega su producción, la DEA lo clasifica como la principal amenaza y causa de muerte en adultos de 18 a 49 años en EE.UU.
Fracasamos porque hemos olvidado lo básico. Prevenir el consumo de drogas es una inversión estratégica. El National Institute on Drug Abuse (NIDA) de EE.UU. lo ha calculado: por cada dólar invertido en prevención basada en evidencia, se ahorran entre 4 y 10 dólares en costos futuros de tratamiento y justicia penal.
Estos programas de “prevención basada en evidencia” no son un misterio. El modelo islandés transformó esa sociedad atacando el contexto y fortaleciendo masivamente los factores de protección. Implementó encuestas anuales para medir el fenómeno; incorporó inversión pública (asegurando que cada joven tuviera acceso a deporte, arte o música); y, crucialmente, fomentó compromisos parentales (acuerdos comunitarios para vigilar horarios, reforzados con sanciones a los padres). Este último punto es clave. El sueño es necesario para el cerebro adolescente, pero normalizamos fiestas que no terminan porque existen “precopeos” y “afters”. El modelo islandés nos recuerda que devolver la infancia a los niños y la adolescencia a los menores —incluyendo sus horas de sueño— es una política de prevención. Esperar es también prevenir. El objetivo era simple: reemplazar la química de la droga con la pertenencia, el reto y el propósito. Los resultados —la caída más drástica en consumo juvenil registrada en el mundo— no fueron magia, fueron ciencia social aplicada y sentido común para aceptarla.
La verdadera “Prevención 2.0” no es un eslogan de moda; es el retorno a la responsabilidad. Esta exige:
- Que los padres asuman su rol: aplicando la tolerancia cero al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en menores; que fomenten el afecto, pues el amor es la mayor herramienta de prevención; que establezcan límites razonables como muestra de cariño y genuina preocupación, y que se devuelva las horas de sueño a los menores.
- Que los terapeutas cuenten con recursos: capacitación continua, supervisión, intercambio de experiencias y tecnología de apoyo.
- Que el Estado deje de gobernar por intuición y empiece a gobernar por evidencia: donde las escuelas sean un espacio de detección temprana y canalización oportuna (y no de adoctrinamiento ideológico y político); los sistemas locales de atención se articulen en una red de referencia; y la tecnología se incorpore para acelerar los procesos clínicos.
Fallar en esta responsabilidad es criar con miedo y gobernar con los ojos cerrados esperando no ser embestido por la realidad. Es, simple y llanamente, abandonar a la juventud a su suerte.
Sobre el autor:
*Edgar Alonso Angulo Rosas es psicólogo clínico y experto en adicciones con amplia experiencia en prevención y atención a violencias, adicciones, salud mental y derechos humanos. Ha ocupado cargos directivos en ONGs, sector público y privado.
Correo electrónico: [email protected]
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