La Unión Europea está explorando un conjunto más amplio de posibles contramedidas contra Estados Unidos, ante el debilitamiento de las perspectivas de alcanzar un acuerdo comercial aceptable con Washington, según informaron diplomáticos de la UE.
Un número cada vez mayor de Estados miembros, incluida Alemania, está considerando ahora la aplicación de medidas “anticoerción” de mayor alcance, que permitirían al bloque sancionar servicios estadounidenses o restringir el acceso a licitaciones públicas en ausencia de un acuerdo, señalaron las fuentes diplomáticas.
La Comisión Europea, que negocia acuerdos comerciales en nombre de los 27 países del bloque, parecía encaminada a cerrar un acuerdo en el que la UE aún enfrentaría un arancel del 10% sobre la mayoría de sus exportaciones, con algunas concesiones.
Sin embargo, esas expectativas se han desvanecido tras la amenaza del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 30% a partir del 1 de agosto, y luego de las conversaciones sostenidas la semana pasada en Washington entre el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y sus homólogos estadounidenses.
Šefčovič, quien advirtió que un arancel del 30% “prácticamente prohibiría” el comercio transatlántico, entregó el viernes un informe poco alentador sobre la situación a los enviados de la UE, según diplomáticos consultados por Reuters.
Durante las reuniones, los funcionarios estadounidenses propusieron soluciones divergentes, incluida una tasa de referencia que podría estar muy por encima del 10%, añadieron.
“Cada interlocutor parecía tener ideas distintas. Nadie puede decirle a Šefčovič qué es lo que realmente aceptaría Trump”, comentó un diplomático.
Las perspectivas de aliviar o eliminar los aranceles estadounidenses del 50% al acero y al aluminio, y del 25% a los automóviles y sus componentes, también parecen limitadas.
El dilema de la UE sobre las represalias a EU
Washington ha rechazado además la exigencia de la UE de un acuerdo de “statu quo”, que implicaría no imponer nuevos aranceles una vez alcanzado un pacto. La razón, según diplomáticos, es que Trump no puede verse limitado en cuestiones de seguridad nacional, fundamento de las investigaciones comerciales amparadas en la Sección 232, que abarcan productos como farmacéuticos, semiconductores y madera.
Como consecuencia, el estado de ánimo ha cambiado entre los Estados miembros de la UE, y ahora están más dispuestos a tomar represalias, aunque una solución negociada sigue siendo su opción preferida.
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La UE cuenta actualmente con un paquete de aranceles sobre productos estadounidenses por valor de 21 mil millones de euros (24.500 millones de dólares), cuya aplicación está suspendida hasta el 6 de agosto. Aún debe decidir sobre otro conjunto de contramedidas que cubriría exportaciones estadounidenses por valor de 72,000 millones de euros.
También han cobrado fuerza las discusiones en torno al uso del Instrumento Anticoerción (ACI) de la UE, que permite al bloque tomar represalias contra países que ejerzan presión económica sobre los Estados miembros para modificar sus políticas internas.
Aunque el ACI se diseñó originalmente con un enfoque hacia China, su aplicación podría extenderse a Estados Unidos, afectando el comercio de servicios —donde Washington mantiene un superávit con la UE— y limitando el acceso de empresas estadounidenses a los mercados de servicios financieros y a las licitaciones públicas dentro del bloque. Cabe destacar que el mercado europeo de contratación pública asciende a unos 2 billones de euros al año.
Entre las posibles medidas también figuran restricciones a la inversión estadounidense, limitaciones en la protección de derechos de propiedad intelectual, y obstáculos a la venta de productos químicos o alimentarios procedentes de Eu en el mercado europeo.
Francia ha sido defensora constante del uso del ACI, mientras que otros Estados han sido más reticentes, considerando que se trata de una “opción nuclear”. Trump, por su parte, ha advertido que responderá con represalias si otros países adoptan medidas contra Estados Unidos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró la semana pasada que el ACI fue creado para situaciones extraordinarias, y agregó: “Todavía no hemos llegado a ese punto”.
Para que el ACI sea activado, la Comisión necesita una mayoría cualificada: al menos 15 países que representen el 65 % de la población de la UE. Aunque no lo aplicará sin garantías de aprobación, diplomáticos aseguran que cada vez hay más indicios de apoyo, y que Alemania está entre los países que consideran que su uso debería contemplarse seriamente.
Con información de Reuters
