Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum más presupuesto para infraestructura, reglas claras y cumplimiento de contratos para que México se mantenga como un destino confiable para los capitales.
“Necesitamos estabilidad y seguridad para quienes todos los días construyen este país”, declaró el constructor en su toma de protesta para seguir al frente en el período 2025-2026.
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“Pero si algo caracteriza a la industria de la construcción, es que no nos detenemos ante los desafíos. Los enfrentamos. Los resolvemos. Y seguimos avanzando. Porque lo que México necesita no es frenar la inversión, sino impulsarla”, expresó el empresario.
Agregó que la inversión en infraestructura es insuficiente para alcanzar el desarrollo y competitividad con certeza jurídica.
Según el presidente de la CMIC, a la fecha la inversión en infraestructura en México se encuentra alrededor de 2.6 por ciento del producto interno bruto, pero debe ser de 6 por ciento para atender las necesidades que demanda el desarrollo nacional.
Luis Mendez Jaled recordó que no hay crecimiento sin inversión en obra pública, por lo que cada proyecto de infraestructura impulsa la economía y transforma comunidades enteras.
“El sector de la construcción es uno de los mayores generadores de empleo en México. Pero generar trabajo no es suficiente”, expresó.
“Necesitamos condiciones justas, estabilidad y seguridad laboral para quienes día a día construyen este país”, comentó el líder de la industria de la construcción.
El empresario dijo que está listo para trabajar en conjunto con el gobierno federal en la construcción de carreteras, puentes, viviendas, puertos, aeropuertos y todo lo que se requiere para un avance nacional con impactos en la calidad de vida y productiva de México.
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El presiente de la CMIC celebró que haya un nuevo acuerdo con los aranceles entre México, Estados Unidos y Canadá, porque son una amenaza latente para las exportaciones mexicanas, que de aplicarse, podrían afectar la inversión y el crecimiento del país hasta en un 5 por ciento del producto interno bruto.
