Los múltiples diagnósticos sobre el creciente número de personas desaparecidas en nuestro país apuntan a la falta de capacidades institucionales de los gobiernos federal, estatales y municipales para enfrentar tal ilícito en sus crecientes dimensiones. Es, desde este reconocimiento, que parte la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual ha despertado reacciones diversas tanto por la rapidez en su aprobación por la Cámaras, como por su contenido.
La iniciativa presidencial consiste en un conjunto de reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como a la Ley General de Población. El hilo conductor de las modificaciones enviadas al Senado de la República es dotar al Estado mexicano de las capacidades institucionales y normativas para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
Uno de los componentes de las reformas que más ha llamado la atención mediática es la CURP biométrica, el cual está siendo usado por quienes de manera simplista, acusan intenciones autoritarias y hasta espías por parte del gobierno morenista.
Como se sabe, el intento de legislar en materia de identidad y dotar de un documento único para tal fin, no se origina en esta administración. Durante el sexenio de Felipe Calderón incluso se puso en marcha un proyecto para registrar a menores de edad que terminó por naufragar, y con el expresidente Peña Nieto, buscaron crear la Cédula de Identidad Ciudadana como parte del “Pacto por México”, para lo que intentaron construir sus propias bases de datos biométricos. Ambas experiencias en los gobiernos del PRI y del PAN fracasaron por diversos motivos, cuyo saldo fueron millones de pesos y que, a la fecha, no contemos con una política de identidad en México.
Si la presidenta Sheinbaum logra sentar las bases de tal política, se convertiría en uno de los principales legados de su presidencia y una respuesta a un problema que va desde la falta de condiciones para incluir a las personas al sistema financiero hasta hacer aún más complejo el reconocimiento de personas desaparecidas.
Desde 1992, en la Ley General de Población, se reconoce a la Credencial para votar como medio de identificación, aunque de manera provisional, pues la misma norma condiciona tal reconocimiento a la integración del Registro Nacional Ciudadano y la expedición de la Cédula de Identidad.
Así, a pesar de que existe un Padrón Electoral (99.4 millones) cada vez más robusto y extenso con datos biométricos, amplios sectores de la población viven en la incertidumbre legal en materia de acreditación de su personalidad jurídica, como los menores de edad y la población extranjera.
Las reformas de la presidenta Sheinbaum proponen convertir a la CURP en la “fuente única de identidad de las personas, de nacionalidad mexicana, o extranjera… Será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional y estará disponible en formato físico y digital”. Además de los datos que actualmente contiene, a la CURP se le agregarían las huellas dactilares y la fotografía.
¿Cómo se propone construir esta base de datos? El planteamiento es la transferencia al RENAPO de los datos biométricos que obren en poder de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, previa autorización de su titular, así como asistencia de los titulares de los centros que habilite la Secretaría de Gobernación para tal fin.
La necesidad de esta política de Estado es, a todas luces, impostergable, y el planteamiento de coordinación y colaboración interinstitucional y entre los tres órdenes de gobierno también es acertada, siendo el INE el principal destinatario de este propósito.
Sobre el autor:
Palmira Tapia es Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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