La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte que la violencia y la extorsión se han convertido en una amenaza directa al crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
“Nuestros Centros Empresariales de Coparmex, que se encuentran en ciudades fronterizas, han documentado el creciente clima de inseguridad y extorsión que enfrentan sus agremiados”, dice el organismo dirigido por Juan José Sierra Álvarez.
Según el sindicato patronal, las amenazas, cobros ilegales y hostigamientos han limitado la actividad productiva y desincentivando las nuevas inversiones.
“Esta situación no puede normalizarse ni quedar fuera de la agenda nacional”, apunta el organismo empresarial.
En lo que va de 2025, se han registrado 8 mil 585 víctimas de extorsión en el país, un incremento de 5.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, precisa la ente patronal.
“Estas cifras revelan una realidad alarmante: la franja fronteriza, vital para el comercio exterior y la industria nacional, enfrenta un deterioro acelerado en sus condiciones de seguridad”, declara la Coparmex.
La seguridad es la base del Estado de Derechos y condición indispensable para el desarrollo económico y social, recuerda.
Agrega que las extorsiones, el cobro de piso y las amenazas afectan especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que son el corazón productivo de las comunidades.
“Cuando un empresario se ve obligado a cerrar, trasladarse o trabajar bajo amenaza, se pierde mucho más que un negocio: se pierden empleos, oportunidades y confianza”, dice.
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La Estrategia Nacional Antiextorsión reportó 59 mil 283 llamadas relacionadas con este delito entre el 6 de julio y el 28 de septiembre de 2025. Aunque el 74 por ciento de los intentos no se concretó, 5 mil 959 extorsiones fueron consumadas o contaron con datos suficientes para abrir carpeta de investigación.
“La cifra negra por este delito alcanza el 97 por ciento, lo que implicaría que solo se está atendiendo al 3 por ciento de los casos reales”, añade la Coparmex.
La extorsión crece a un ritmo inaceptable, sin que existan respuestas proporcionales ni políticas públicas efectivas para frenarlo, puntualiza.
Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas enfrentan graves desafíos derivados del tráfico ilegal de personas y mercancías, del contrabando y de la disputa entre grupos que operan bajo la ley por el control de rutas, expresa.
“Esta combinación de factores incrementa la violencia y la vulnerabilidad de la actividad económica”, indica.
Adicionalmente más de 135 mil personas permanecen desaparecidas en México, algo que en estados fronterizos como Tamaulipas y Nuevo León se concentra una parte significativa de estos casos, sostiene.
Además, en lo que va del año, 1 de cada 4 asesinatos (homicidios dolosos y feminicidios) ocurrieron en alguna entidad fronteriza, asegura la Coparmex.
“Consideramos urgente que el Senado de la República dictamine a la brevedad la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, aprobada recientemente por la Cámara de Diputados”, detalla.
La legislación representa una oportunidad para homologar criterios, fortalecer la coordinación entre autoridades y dotar de mayores herramientas legales a las fiscalías estatales, añade.
“La seguridad y la tranquilidad deben ser resultado de instituciones sólidas, de cuerpos policiales profesionales y de un Estado de Derecho que garantice la protección de las personas y la libre actividad
económica”.
“Exigimos una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, la depuración y fortalecimiento de las policías estatales y municipales, y el uso de inteligencia financiera para rastrear el dinero que alimenta la extorsión”, concluye la Coparmex.
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