Por Andrés Flores Montalvo*
Tenemos una ventana de oportunidad única para replantear la visión de país y, en consecuencia, definir una nueva ruta para la política pública, en particular para el sector energético. La presidenta Claudia Sheinbaum es una científica experta en temas de sustentabilidad ambiental y energía limpia, con experiencia académica y práctica, y su administración ha dado señales de su compromiso por avanzar en la transición energética, con una mayor penetración de energías renovables, más generación distribuida de electricidad, el impulso a la eficiencia energética, y la electrificación “lo más posible”, de la economía.
Son bienvenidas estas señales, reflejadas en los planes de la nueva administración para el sector energético, y en particular el eléctrico, pero vale la pena recalcar los temas que, desde nuestra perspectiva, deben atenderse urgentemente para lograr una transición energética justa en nuestro país y cumplir con el compromiso, ya anunciado, de “hacer de México un ejemplo mundial en el concierto de las naciones frente al cambio climático global”. Van tres recomendaciones, de forma muy resumida, que derivan del amplio trabajo que ha desarrollado ICM en estos temas:
1. Poner primero la eficiencia
La eficiencia energética (EE) está entre las acciones más costo-efectivas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en México (Flores Montalvo et al, 2023). Su potencial es enorme, la mayoría de las medidas se pagan solas en muy poco tiempo, y sin embargo existen muchas barreras y en ocasiones hacen falta incentivos para materializarlas. Si se quiere impulsar una economía nacional más eficiente en el uso de recursos, disminuyendo la intensidad energética en los diferentes sectores de consumo en México, hace falta reconocer y superar estas barreras para aprovechar las oportunidades existentes.
En específico, es necesario mejorar capacidades institucionales y mecanismos de coordinación; fortalecer el marco regulatorio; establecer acciones de fomento de mercado y financiero, y desarrollar un marco de promoción.
ICM ha identificado medidas concretas para atender cada una de estas necesidades. En general, vemos la necesidad de establecer de inicio una meta nacional de EE de carácter vinculante, y los mecanismos para cumplirla. Entre ellos, es importante crear esquemas de financiamiento de acciones y programas, y dar incentivos fiscales para el sector industrial. Proponemos igualmente un marco robusto de promoción, empezando por una estrategia de difusión de alcance nacional.
2. Aumentar la capacidad de transmisión
Para lograr las metas actuales de descarbonización asumidas por México en los compromisos internacionales, la medida con el principal potencial de mitigación es el establecimiento de acciones e incentivos para incrementar significativamente la capacidad de generación de energía solar y eólica, sustituyendo la generación con gas y otros combustibles fósiles (ICM, 2022). Para lograr esta penetración, y alcanzar al menos 97 GW de capacidad instalada con energía renovable para 2030, en un escenario alineado a 1.5 oC (Climate Analytics, 2024), la expansión y el fortalecimiento de la red eléctrica es una condición clave. Carecer de suficiente infraestructura de transmisión podría además comprometer el crecimiento económico del país, la atracción de inversiones y la penetración de la electromovilidad.
Actualmente, según los análisis de ICM, los indicadores operativos y de desempeño de la red de transmisión reflejan gran presión en el sistema y altos costos del servicio. Tan solo de 2022 a 2024, la frecuencia de interrupción del servicio eléctrico mostró un aumento considerable, lo que resalta la necesidad de fortalecer la red de transmisión.
ICM propone Impulsar urgentemente el desarrollo de los proyectos críticos instruidos, en particular para liberar el potencial de energía solar en las regiones Noroeste, Norte, y Occidente, y para dar mayor viabilidad a la generación eólica en Tamaulipas. Asimismo, atender las zonas con falta de capacidad de transformación, e incorporar nueva carga industrial relacionada al nearshoring o deslocalización cercana.
También nos parece importante, entre otras medidas, implementar un esquema de coordinación entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gobierno federal y los gobiernos locales, para asegurar la colaboración en el desarrollo de proyectos de transmisión; priorizar solicitudes de interconexión en los casos en que el sistema de transmisión tenga capacidad existente o planificada disponible, y limitarlas en donde no, e implementar un proceso detallado de atención a solicitudes de acceso a la red. Finalmente, hacer disponible la información sobre capacidad y acceso a la red por zona. para ayudar a los desarrolladores e industriales a tomar decisiones.
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3. Impulsar el almacenamiento
La entrada de generación en los últimos años no es suficiente para soportar la tendencia actual de crecimiento de la demanda de energía, y mucho menos si se consideran mayores requerimientos futuros derivados de la promoción de la electrificación, la electromovilidad y el nearshoring.
Además, existen diferencias naturales en la ubicación de los recursos energéticos, especialmente los renovables, respecto a las zonas de alta concentración de demanda. Actualmente, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tiene capacidad limitada para la integración de energía limpia intermitente, por falta de flexibilidad, con una brecha de al menos 2 GW para mantener márgenes de reserva operativos seguros en condiciones de demanda máxima coincidente.
En este contexto, el almacenamiento de energía es otro elemento necesario para descarbonizar el sector eléctrico. Se ha estimado que podría alcanzar una capacidad de aproximadamente 500 MW para proyectos de gran escala; y 18 MW para sistemas de generación distribuida para 2030 (ICM, 2022).
ICM plantea dos prioridades para fomentar el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía (SAE) en los diferentes segmentos del SEN: 1) la conveniencia de desarrollar una estrategia nacional, y 2) la necesidad de modificar el marco regulatorio (ICM, 2025).
En primer lugar, la estrategia nacional de almacenamiento de energía serviría para identificar y articular los elementos técnicos, económicos y de política pública para desplegar soluciones de almacenamiento con las cuales se pueda fortalecer el SEN e impulsar la transición energética justa y el desarrollo sustentable del país. El planteamiento sustentaría un programa nacional de almacenamiento, que incluya al menos los siguientes aspectos: SAE para generadores, SAE para generación distribuida, y SAE para grandes consumidores.
En paralelo, consideramos que hacen falta diversas modificaciones al marco regulatorio mexicano para impulsar el desarrollo del almacenamiento de energía en los diferentes segmentos del SEN, a fin de incrementar la flexibilidad operativa del sistema eléctrico, y que ello derive en una mayor incorporación de energía limpia. La propuesta de temas regulatorios de ICM se enfoca en dar certeza legal y económica, tanto a CFE como a los inversionistas privados, a la vez que atiende los desafíos técnicos y maximiza los beneficios económicos, ambientales y sociales en el contexto mexicano
Conclusión
ICM cuenta con mucho más detalle y propuestas de ruta crítica para implementar cada una de las propuestas que se mencionan de manera muy sucinta en este artículo. Esperamos seguir colaborando con el nuevo gobierno y con otras organizaciones e instancias para logar su implementación, con el propósito último de avanzar en la transición energética justa e incluyente, y en la descarbonización de nuestra economía.
Sobre el autor:
*Andrés Flores Montalvo es director de política energética en Iniciativa Climática de México (ICM), think tank especializado en impulsar políticas públicas para acelerar la acción climática en el país.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
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