'Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige' — Séneca
Finalmente, se publicó. Tras nueve años de silencio estadístico, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2025) ha visto la luz. Y lejos de traer claridad, los datos están volviendo locos a los especialistas. Pasamos de navegar a ciegas a contar con una brújula en la que no confiamos. Si bien ha sido elaborada y dirigida por personas altamente calificadas, que convocan al respeto de la comunidad académica y científica, es en la lectura fina de “los otros datos” donde se esconden los demonios.
La ENCODAT 2025 muestra que en México el consumo de sustancias presenta tendencias diametralmente opuestas: en la población adulta aumentó el consumo “experimental” (un eufemismo de abuso) de drogas ilegales, pasando de 10.6% en 2016 a 14.6% en 2025, siendo el cannabis la sustancia de mayor consumo. A la par, se observaron incrementos en el uso indebido de medicamentos, opioides y estimulantes.
En contraste, y aquí nace la polémica, entre adolescentes el consumo experimental reportado de drogas ilegales disminuyó oficialmente de 6.2% a 4.1%. En cuanto al alcohol, aunque el consumo “alguna vez en la vida” aumentó ligeramente en la población general, en adolescentes se registró una disminución estadística tanto en el consumo general como en el excesivo. Respecto al tabaco, el cigarrillo tradicional cae, pero los vapeadores ganan terreno peligrosamente.
El reporte oficial presenta, pues, una paradoja difícil de digerir: un aumento previsible y alarmante en mayores de edad, contrastado con una “milagrosa” disminución en menores. Este último dato contradice frontalmente la experiencia de campo de organizaciones, clínicas y profesionales de la salud mental que vemos, día a día, tanto consultorios como anexos llenos, así como escuelas en crisis pidiendo ayuda.
Desde la tribuna del “pueblo bueno”, la Presidencia y la Secretaría de Salud argumentan el éxito rotundo de las campañas de prevención. Nos dicen que el fentanilo bajó o se mantiene estable y que los jóvenes están diciendo “no”. Sin embargo, a quienes hemos señalado sistemáticamente la ausencia de una política pública integral, lo que vemos es un actuar sin rumbo y con acciones aisladas. Si bien existen spots de radio y televisión —de producciones cuestionables— y charlas escolares, estas carecen de seguimiento real. Así, cualquier “logro” estadístico es, en el mejor de los casos, una coincidencia; y en el peor, un espejismo.
En el caso del fentanilo, valdría la pena que las autoridades se pregunten si el consumo se mantiene “estable” o “disminuye” por una autorregulación de los usuarios o por una razón más trágica: las muertes por sobredosis —que sufren un grave subregistro forense en México— implican que, después de nueve años, esos consumidores simplemente ya no responden encuestas.
Hay que diseccionar la metodología. Aquellos detalles que explican por qué esta fotografía de México tiene más filtros que una imagen en redes sociales. Desde la última edición, el número de encuestados disminuyó dramáticamente: en 2016 se entrevistó a 56,877 personas, mientras que en 2025 solo a 19,200. Esto representa una reducción del 66% en el volumen total de la muestra. A su vez, la tasa de no respuesta creció casi un 3%, lo que implica que 2 de cada 10 hogares no pudieron ser medidos, producto de tres factores que son, en sí mismos, un diagnóstico nacional:
- Un aumento en la negativa ciudadana a contestar por desconfianza.
- Un incremento notable de casas abandonadas (¿desplazamiento forzado?).
- Y lo más grave: Secciones electorales (usadas para distribuir la muestra) que tuvieron que ser sustituidas por inseguridad.
Aquí radica el primer sesgo: los encuestadores no pudieron entrar a las zonas de mayor conflicto. Previsiblemente, son esas zonas “imposibles” donde el consumo, la venta y el riesgo son más altos. Si la encuesta solo mide donde es “seguro” preguntar, ¿qué país estamos midiendo?
Además, persisten los puntos ciegos históricos. Como toda encuesta de hogares, la ENCODAT no pregunta a quienes no tienen casa. Deja fuera a las personas en situación de calle, a los hospitalizados, a la población penitenciaria y a los miles de jóvenes internados en “anexos” o centros de tratamiento residencial. Es decir, la encuesta excluye sistemáticamente a la población con el consumo más problemático y agudo. Si sacamos de la ecuación a los adictos graves (institucionalizados o en calle), el promedio nacional baja artificialmente. No es que haya menos consumo, es que hay menos consumidores “encuestables”.
En menores hay una hipótesis mucho más oscura: En el mismo periodo que la ENCODAT presume una baja en el consumo juvenil, la tasa de mortalidad por homicidio en este grupo etario prácticamente se duplicó.
Según datos del SESNSP y procesados por la REDIM, en la última década (2015-2024) se han acumulado más de 20,000 homicidios de niñas, niños y adolescentes. A esto se suman los datos del Registro Nacional (RNPDNO), que contabiliza más de 16,000 menores que permanecen desaparecidos.
A diferencia de los accidentes de tránsito, que históricamente han sido una causa principal de muerte en jóvenes pero cuyas cifras se han mantenido en un rango estable (sin crecimientos exponenciales en la última década), la violencia letal sí se disparó. Mientras que en 2016 se registraron 1,126 homicidios de menores, en los últimos años la cifra ha superado consistentemente los 2,300 casos anuales. La violencia mató el doble. Ni los muertos ni los desaparecidos responden encuestas.
Estamos ante un fenómeno de Sesgo de Supervivencia. La disminución estadística en el consumo adolescente podría no ser un triunfo de la prevención, sino el resultado macabro de la sustracción. Los jóvenes de mayor riesgo, aquellos que hubieran disparado las cifras de consumo, fentanilo y metanfetamina, no estaban en sus casas para responder. Estaban en un anexo, en una fosa, en un semefo, en una comunidad peligrosa o reclutados forzadamente en campamentos donde el encuestador no entra.
Por otro lado, quienes festejan de forma irresponsable el activismo cannábico deberán dar razón de los resultados de la peor política pública en la materia. En 2025 el consumo de cualquier droga “alguna vez en la vida” aumentó significativamente en cinco regiones clave:
- Ciudad de México: De 10.6% (2016) a 19.8% (2025).
- Región Centro: De 9.4% a 15.0%.
- Noroccidental: De 10.8% a 19.0%.
- Península Norte: De 12.3% a 22.3%.
La política de tolerancia cannábica que enorgullece a las autoridades de la capital ha sido un fracaso rotundo —que en la práctica ha funcionado como una promoción criminal—, elevando la curva de consumo mientras las consecuencias severas, como el abandono escolar y la nula incorporación a la economía formal, quedan invisibilizadas para una importante parte de los usuarios. Por su parte, las cifras de las otras cuatro regiones no responden a una política pública, sino a una tragedia social: ser zona de tráfico y frontera, donde la disponibilidad de la sustancia es la norma.
La desconexión con la realidad continúa con los vapeadores. La encuesta reporta que su uso en jóvenes pasó del 1.1% al 2.6%, duplicándose. Sin embargo, basta con ir a cualquier secundaria para observar que esta cifra es ridícula. Debemos contrastar este dato oficial con las encuestas hechas por ONG directamente en las escuelas, donde reportan una realidad mucho más invasiva y generalizada.
Los sistemas de vigilancia epidemiológica (SISVEA) cuentan otra historia, una mucho más cruda. Mientras la ENCODAT en hogares muestra una foto optimista donde el alcohol sigue siendo el problema a atender, los registros de tratamiento narran el ascenso de la Metanfetamina (Cristal), particularmente entre jóvenes.
Según datos recientes del SISVEA en Centros de Tratamiento, las metanfetaminas han desplazado al alcohol como la principal droga de impacto en más de 20 estados de la república. El fentanilo, que la encuesta de hogares minimiza, muestra en los registros de ingresos a tratamiento en la frontera norte un repunte sostenido que no vemos en la estadística nacional promediada. En los anexos ya no se lidia con tragos; se lidia con psicosis tóxicas y síndromes de abstinencia por opioides sintéticos. Esa es la realidad que no se refleja en las encuestas.
Mención aparte merece la salud mental. Por primera vez, la ENCODAT integró un módulo específico al respecto y el panorama que arroja es devastadoramente sobrio. Los datos revelan una crisis de depresión, ansiedad y secuelas de violencia que ningún programa federal ha logrado mitigar. Queda claro que para la psique rota de los adolescentes y el sufrimiento emocional de las mujeres —los grupos más golpeados según el reporte—, los “programas de bienestar” y las transferencias de efectivo simplemente no alcanzan. La paz mental y la reparación del tejido social no se compran con becas; requieren seguridad, terapia y un sistema de acompañamiento que hoy brilla por su ausencia.
¿Será acaso que la Presidencia debió esperar al 28 de diciembre para presentar estos datos?
Celebrar estos resultados sin este contexto no solo es un error técnico; es una falta de respeto a la realidad y a las muchas madres y padres que lloran por sus hijos. No aplanamos la curva del consumo; estamos invisibilizando a los consumidores.
Sobre el autor:
*Edgar Alonso Angulo Rosas es psicólogo clínico y experto en adicciones con amplia experiencia en prevención y atención a violencias, adicciones, salud mental y derechos humanos. Ha ocupado cargos directivos en ONGs, sector público y privado.
Correo electrónico: [email protected]
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