Con una inflación persistente, bajo crecimiento y un entorno internacional complejo al extremo, la gran disyuntiva para el gobierno de México está en la necesidad urgente de recuperar la confianza empresarial.
En su reporte de la primera mitad de abril, el INEGI informó que la inflación general anual se ubicó en el 4.53% con un repunte quincenal de 0.11% ligeramente menor al 4.59% de marzo, dato que confirma que el indicador se mantiene por encima del rango objetivo del Banco de México.
Este escenario de inflación sumado a un muy pobre crecimiento económico, coincide con el consenso de los más importantes analistas internacionales privados, que establecen que México crece por debajo de su potencial. Muy lejos de las proyecciones optimistas del gobierno, e incluso con la probabilidad de que según estimaciones preliminares, el primer trimestre del año sufra de contracción. El termómetro más claro está en el malestar de la confianza empresarial, como lo demuestra el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza del INEGI.
Su reporte de marzo cerró en 48.4 puntos, por debajo del umbral de 50 que separa optimismo de pesimismo y que suma ya 13 meses consecutivos en terreno negativo. La disposición a invertir se hundió, los empresarios perciben incertidumbre jurídica y regulatoria, costos financieros altos y un entorno externo volátil.
Ante esta coyuntura, el gobierno de México, está apostando al “Plan México” como un marco de desarrollo de largo plazo, para buscar posicionar al país dentro de las diez economías más grandes del mundo. Sus principales argumentos se basan en un plan de inversión en infraestructura con inversión mixta en energía, ferrocarriles, carreteras, puertos, salud y agua. El objetivo de promover la inversión privada es que el gasto público actúe como catalizador, no como sustituto.
En ese mismo sentido, se promulgó un decreto que establece un paquete de incentivos fiscales para promover el nearshoring, con hasta 30 mil millones de pesos en apoyos fiscales para la inversión en activos fijos, capacitación e innovación, dirigidos tanto a empresas mexicanas como extranjeras. Sin embargo, a pesar de las intenciones, persisten las dudas en el análisis respecto de si estas medidas podrán realmente abonar para reactivar la confianza, porque sin duda tienen fortalezas, pero también debilidades y riesgos.
México sigue siendo el principal socio comercial de los Estados Unidos, pero tenemos que enfrentar la presión de las amenazas constantes de su gobierno, adicionalmente del proceso de revisión del T-MEC y la posibilidad de que se impongan revisiones anuales. Pero aun suponiendo que en la negociación, se logre salvaguardar su permanencia, si la inflación no baja por debajo del 4%, el Banco de México mantendrá tasas restrictivas y el costo del capital, erosionará el retorno de cualquier proyecto de inversión.
También hay que equilibrar el déficit comercial creciente, las importaciones crecen más rápido que las exportaciones no petroleras, poner especial énfasis en la llamada incertidumbre no económica, que tiene que ver con la certeza jurídica. El Plan México, más que un paquete de obras, debe ser entre otras vertientes, una herramienta para romper con el bajo crecimiento y la inflación, pero su éxito depende de muchas variables, la primera de ellas desterrar la herencia ideológica retrógrada de la administración anterior, que se contrapone a la realidad.
Menos retórica y más velocidad, calidad de la ejecución y un trabajo conjunto con el sector privado, no solo por una urgencia basada en la necesidad, sino como concepto esencial, pero que requiere de confianza y de largo plazo. No solo se trata de cobrar más impuestos, sino de crear crecimiento.
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