Por Jose Kont*
Imagina que tienes un negocio que funciona. Producto probado, clientes que pagan, un equipo que cree en lo que está construyendo. El siguiente paso lógico es expandirte: de México a Colombia, de Colombia a Chile, de Chile al resto. Suena simple. Es el sueño de cualquier fundador latinoamericano.
Ahora imagina que, antes de atender a tu primer cliente colombiano, necesitas contratar un abogado local para constituir una nueva entidad, registrarte ante la DIAN, adaptar tu modelo de privacidad de datos a una ley distinta a la que ya conoces, estructurar un contrato laboral diferente para tu primer empleado en Bogotá, y ajustar tu arquitectura de datos para cumplir con reglas de residencia que no existían en tu país de origen. Y eso antes de vender un solo peso.
Eso no es un obstáculo puntual. Es un impuesto. Y a diferencia del IVA o el ISR, este no aparece en ninguna declaración fiscal, nadie lo reconoce oficialmente, y sin embargo lo pagamos todos: en tiempo, en capital, en talento, y en oportunidades que simplemente se evaporan antes de materializarse.
El Foro Económico Mundial lo dijo, finalmente, en su reporte de mayo de 2026: “la fragmentación regulatoria es una restricción vinculante al crecimiento cross-border“. Las reglas divergentes sobre incorporación, compensación en equity y cumplimiento de datos entre jurisdicciones “agregan costos y complejidad en cada etapa del crecimiento”. No es una observación académica menor, es el diagnóstico de un sistema roto.
El reporte del IE Business School sobre el ecosistema latinoamericano fue aún más directo: junto con la escasez de talento y los gaps de infraestructura, la fragmentación regulatoria es uno de los tres obstáculos estructurales que siguen frenando la escalabilidad de las startups de la región. Un ecosistema que ya tiene casi 50 unicornios, que levantó US$4.1 mil millones en 2025, y que está mostrando señales reales de madurez, sigue pagando un costo de operación que ningún ecosistema maduro toleraría.
¿Cuánto vale ese costo? Difícil saberlo con precisión, porque nadie lo contabiliza. Pero hay suficientes datos para hacerse una idea. La fragmentación financiera global ya le cuesta a la economía mundial entre US$200 y US$300 mil millones al año, y los mercados emergentes son los que absorben el mayor impacto. América Latina no es la excepción, de hecho es el caso de estudio.
¿Te suena El Cayman Sandwich?
Si quieres entender cuánto cuesta la fragmentación regulatoria en América Latina, no leas el código fiscal de ningún país. Lee la entrada de Wikipedia sobre el “Cayman Sandwich”.
El Cayman Sandwich es la estructura corporativa de facto para cualquier startup latinoamericana que quiera levantar capital de un fondo de venture capital internacional. Funciona así: la empresa opera realmente en México, Brasil o Colombia, ahí están su equipo, clientes y su producto. Pero para poder recibir inversión de un fondo de San Francisco o de Nueva York, necesita construirse encima una holding en Islas Caimán y una LLC en Delaware que sirva de intermediario. Tres capas jurídicas en tres jurisdicciones distintas para hacer algo que, en teoría, debería ser sencillo: recibir capital a cambio de acciones.
¿Por qué existe esta estructura? No porque alguien la inventó para optimizar impuestos, aunque eso sea una consecuencia. Existe porque los marcos jurídicos locales de América Latina no ofrecen la predictibilidad, los instrumentos de inversión estándar (SAFEs, convertibles), ni la jurisprudencia de contratos que los inversores globales requieren para sentirse cómodos poniendo capital en la región. El Cayman Sandwich es, en el fondo, un parche elegante sobre una falla estructural.
El costo de mantener esa estructura no es trivial. Crear y mantener entidades activas en tres jurisdicciones distintas con costos de agente residente, contabilidad, cumplimiento legal y renovaciones puede superar fácilmente los US$5,000 anuales solo en mantenimiento, sin contar los costos de constitución inicial ni los honorarios de los abogados especializados que son indispensables para navegar el proceso. Para un founder en Barranquilla o Guadalajara, ese no es un número menor, pueden ser los recursos para vivir durante 5 meses.
Y es que encima, hay un costo que no se puede medir en dólares y que cada día resulta más caro: cada vez que un fundador latinoamericano estructura su empresa offshore, el derecho corporativo de su país natal pierde la oportunidad de evolucionar. No se genera jurisprudencia local, no se desarrollan instrumentos financieros propios, no se construye el músculo institucional que hace que los ecosistemas jóvenes empiecen a ser autosuficientes. Pagamos el costo de operar en múltiples jurisdicciones y, adicionalmente, renunciamos al valor de construir la nuestra.
Cinco países, cinco leyes, cinco equipos de abogados
Si la estructura corporativa ya es un dolor de cabeza, la regulación de datos personales es otro de los dolorosos impuestos para una startup tecnológica que escala.
Brasil tiene la LGPD, una de las leyes de datos más completas del mundo, con aplicación extraterritorial y multas que pueden llegar a una fracción significativa del revenue de la empresa. México acaba de estrenar una nueva Ley Federal de Protección de Datos que reemplazó la legislación de 2010, endureciendo los requisitos de consentimiento y añadiendo sanciones penales para casos de brechas graves. Colombia está en medio de una reforma que expandirá el alcance territorial de su regulación y exigirá evaluaciones de impacto para procesamiento de alto riesgo. Chile fue pionero en la región. Argentina tiene su propia ley desde 2000. Guatemala está desarrollando su primer marco completo.
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Ninguna de estas leyes es exactamente igual a las otras. Ninguna tiene los mismos plazos de notificación de brechas, los mismos estándares de consentimiento, ni los mismos mecanismos de transferencia internacional de datos. Una startup que opera en cinco países latinoamericanos no tiene una estrategia de privacidad de datos: tiene cinco. Y cada una requiere monitoreo activo, porque todas están cambiando al mismo tiempo.
Para una startup de diez personas con un CTO que también está construyendo el producto, esto no es un problema de cumplimiento, es una amenaza existencial disfrazada de papeleo.
Finalmente hay una dimensión del impuesto invisible que se habla aún menos: la compensación en equity.
En Silicon Valley, un ESOP (plan de opciones sobre acciones para empleados) es casi tan estándar como el salario base. Es el mecanismo mediante el cual una startup sin liquidez compite por talento contra empresas que sí la tienen. En América Latina, la historia es diferente. Los marcos legales locales para compensar en equity son inconsistentes entre países, fiscalmente onerosos en muchos casos, y culturalmente subvalorados por los propios empleados. En México y gran parte de la región, los empleados históricamente han preferido el efectivo inmediato sobre la promesa de futuro valor en acciones, en parte porque los exits son escasos, en parte porque las estructuras son opacas, y en parte porque la confianza en que ese equity algún día valdrá algo simplemente no ha estado suficientemente respaldada por la historia del ecosistema.
Esto crea una paradoja: los fundadores latinoamericanos que más necesitan retener talento temprano tienen las herramientas más débiles para hacerlo. Y cuando el talento se va, lo hace a empresas más grandes o a compañías donde la compensación es en cash, rompiendo el ciclo de formación de equipos que caracteriza a los ecosistemas más productivos del mundo.
Ciertmente hay señales de movimiento. Son lentas, pero existen.
Uruguay se está posicionando como el “laboratorio regulatorio” de la región, siendo el primero en adoptar marcos que facilitan la operación de fintechs cross-border dentro de Latinoamérica. España reformó su regulación de stock options para startups, y aunque no es LATAM, el éxito del modelo español es un dato de política pública que los gobiernos de la región podrían estudiar con atención. Varios países, incluyendo Chile, Colombia y México, han aprobado leyes fintech específicas que crean sandboxes regulatorios, aunque su implementación ha sido desigual y su alcance cross-border sigue siendo limitado.
El WEF, en su reporte de 2026, propone como una de sus cinco prioridades sistémicas la reducción de la fricción regulatoria cross-border, con énfasis en armonizar los marcos de incorporación, compensación en equity y cumplimiento de datos entre jurisdicciones. No es una propuesta nueva, es una que lleva años en la agenda y que avanza a la velocidad que avanza la cooperación multilateral en la región, es decir, muy lento.
Por eso cada vez que un fundador latinoamericano decide incorporar su empresa en Delaware, el valor legal y la jurisprudencia se construyen en Estados Unidos, no en Brasil o México. Cada vez que una startup decide no expandirse a un quinto mercado porque el costo de cumplimiento regulatoria hace que el unit economics no cierre, ese mercado no se desarrolla y el fondo que invirtió en esa startup recibe menos retornos. Cada vez que un talento técnico decide no aceptar opciones sobre acciones porque no confía en que algún día tendrán liquidez, la empresa pierde a alguien que irá a desarrollar con la competencia.
En medio de todo siempre hay una luz al final del tunel: América Latina tiene suficiente masa crítica para que este problema deje de ser ignorado. Con casi 50 unicornios, con exits superando los US$4.9 mil millones en un solo año, y con fondos globales poniendo más atención a la región, la conversación sobre armonización regulatoria ya no es académica. Es urgente.
El impuesto invisible al crecimiento que pagamos desde América Latina tiene solución. No es simple, no es rápida, y no la puede resolver ningún fundador por su cuenta. Pero la primera condición para resolver cualquier problema es nombrarlo. Y ese nombre ya tiene consenso entre los tres reportes más importantes publicados sobre el ecosistema este año: fragmentación regulatoria.
Ahora falta que lo escuchen quienes pueden hacer algo al respecto.
Sobre el autor:
*Jose Kont es director ejecutivo de Cuantico VP así como miembro de diversas organizaciones en las industrias de Capital de Riesgo en la región.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
