Un estanque lleno de peces de colores y, en la sala principal del inmueble, una estatua de Ganesha, la deidad con cuerpo humano y cabeza de elefante, dan la bienvenida a este despacho legal al sur de la Ciudad de México. Aquí es la oficina de Ulrich Richter Morales, el abogado que demandó a Google hace 12 años.
“Esa deidad se llama Ganesha y me ha acompañado en la mayor parte de los litigios”, dice el litigante mexicano, quien explica que la deidad hindú es adorada por remover los obstáculos. Y espera que le ayuda divina y la razón le asistan una vez más.
Esta historia comenzó en 2014, cuando Richter solicitó a la empresa Google retirar el contenido de un blog hospedado en la plataforma Blogger, propiedad de la compañía estadounidense, ya que, asegura el abogado, le difamaba y vulneraba sus derechos humanos. Sin embargo, la firma tecnológica se negó a retirar el contenido pues podría representar una forma de “censura indirecta”, ya que implicaría alterar las publicaciones de sus usuarios. El resto es historia.
En septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, para resolver la demanda del abogado mexicano Ulrich Richter Morales contra la empresa Google. El litigio plantea una compensación de 5,500 millones de pesos (alrededor de 260 millones de dólares) por presunto daño moral.
Al paso del tiempo, las instancias legales le han dado la razón a Ulrich Richter, pero Google ha llevado la discusión del caso hasta el máximo tribunal mexicano. En septiembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encargó al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz como el encargado de resolver este litigio, el cual plantea una compensación en favor del abogado por 5,500 millones de pesos, que se traducen en 260 millones de dólares, al tipo de cambio actual.
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Sin embargo, la firma fundada por Larry Page y Sergey Brin considera que si el proceso legal llega a esta resolución sería un mal precedente para la libertad de expresión, además de atentar contra el T-MEC y hacer que la compañia ponga en análisis sus inversiones en el país, de acuerdo con fuentes consultadas que pidieron el anonimato.
“Esta sentencia ataca la libertad de expresión y viola directamente el T-MEC creando consecuencias negativas para el comercio y la inversión en México. Elimina las protecciones legales fundamentales para la economía digital y pone en peligro la inversión internacional. Ahora le corresponde a la Suprema Corte de México romper con los vicios del pasado y defender los compromisos internacionales del país”, dice Estanislao Mezzadri, responsable de litigios legales de Google para Hispanoamérica, al hablar de la sentencia en donde se estableció la última compensación económica.
Tan solo en 2023, Google aportó a la economía de México 278,000 millones de pesos (mdp) a través de las herramientas de Búsqueda, Anuncios, AdSense, Play, YouTube y Google Cloud, de acuerdo con un reporte elaborado por Access Partnership para Google.
El caso Ulrich Richter contra Google parece acercarse a su fin. La batalla legal iniciada hace 12 años se encuentra en espera de una resolución en la SCJN, lo cual marcará un precedente histórico.
“Un enemigo pequeño del internet”
Ulrich Richter Morales considera que la discusión por parte de Google respecto a la defensa de la libertad de expresión es un falso debate, pues, asegura, el mensaje del blog que supuestamente lo difamaba es como los anuncios de inserción pagada en los periódicos, el cual puede retirarse si incumple o promueve actividades inadecuadas o ilegales.
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El abogado considera que la estrategia de la empresa ha sido la equivocada y solo bastaba con retirar la publicación, para evitar el proceso legal actual. Y es que, de acuerdo con su opinión, la compañía decidió evadir la petición de un simple ciudadano que hoy es considerado en el debate un “enemigo pequeño del internet”.
En su opinión, las versiones que apuntan a los riesgos en la libertad de expresión son promovidas por organizaciones que reciben el financiamiento de Google, como es el caso de Artículo 19, lo cual comprobó al “googlear” y encontrar los documentos en donde se admite la recepción de los recursos financieros por parte de las organizaciones no gubernamentales.
Pero más allá del tema de la censura, las posibles afectaciones al Tratado Económico entre México, Estados Unidos y Canadá son otro de los riesgos que se han puesto sobre la mesa del debate si el abogado gana la demanda en la última instancia.
“Mira, en el tratado de libre comercio están rotundamente perdidos. Y te voy a explicar por qué: Porque en el tratado de libre comercio y en todos los temas de derechos de autor existe que, si te advierto que hay una afectación a derechos de autor, la atiendas. Entonces, mi caso no está violando ninguna disposición del T-MEC”, asegura el abogado.
¿Riesgos en libertad de expresión e inversiones?
Una posible ratificación por parte de la SCJN de la condena contra Google en el caso promovido por Ulrich Richter podría redefinir las reglas de operación del ecosistema digital en México, generar nuevos criterios sobre responsabilidad de plataformas y abrir un debate sobre libertad de expresión, inversión y certeza jurídica, advierte la Asociación de Internet MX (AIMX).
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Para Julio Vega, director general de la AIMX, el caso rebasa un conflicto entre particulares y puede sentar un precedente que impacte a plataformas tecnológicas, medios digitales, startups, pymes e incluso a creadores de contenido y usuarios.
“Hoy es Google, pero el día de mañana puede ser un periódico independiente, un portal en donde se le condene a pagar cifras que simple y sencillamente van más allá de cualquier proporcionalidad”, advierte el directivo en entrevista con Forbes México.
Por otro lado, Julio Vega dice que la asociación no tiene información sobre si el caso de Richter Vs Google desincentiva la inversión de compañías tecnológicas en México, pero advirtió que la falta de certidumbre jurídica sí puede influir en las decisiones de los corporativos para participar en la economía mexicana.
“México necesita certeza jurídica para su convivencia interna y también para los acuerdos comerciales que tenga, desde luego con el principal socio comercial, que es Estados Unidos. Cualquier empresa que pudiera eventualmente invertir en nuestro país necesita tener reglas claras y necesita saber cuáles son finalmente las consecuencias de ciertos actos o de ciertas omisiones”, afirma el directivo.
Específicamente el T-MEC, firmado por México, Estados Unidos y Canadá, incluye en su Capítulo 19 sobre comercio digital disposiciones que limitan la responsabilidad de proveedores de servicios interactivos por contenido generado por terceros.
La AIMX, órgano que representa a las empresas de internet más grandes en México (incluida Google), señala que el debate sobre la responsabilidad de intermediarios digitales no es exclusivo de nuestro país y recordó que existen antecedentes regulatorios y judiciales en Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de América Latina.
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Sin embargo, sostiene que en México aún no existen criterios suficientemente claros sobre el alcance de la responsabilidad de plataformas frente a contenido generado por terceros.
La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en julio de 2025, contempla el concepto de “neutralidad de las redes”, específicamente sobre los proveedores de servicio de internet, pero no habla sobre la responsabilidad de las plataformas de internet en el contenido que circula a través de estos intermediarios.
Incentivos a la autocensura
Uno de los principales riesgos, según la AIMX, es que una eventual ampliación de responsabilidades para plataformas digitales incentive mecanismos de censura preventiva o autocensura para evitar litigios y sanciones económicas.
La asociación también considera que el caso ocurre en un contexto particularmente sensible para la libertad de expresión y el entorno digital en México, marcado por discusiones sobre moderación de contenidos, regulación de plataformas y el uso de inteligencia artificial.
La AIMX también pide que la resolución de la Corte ayude a definir parámetros claros sobre mecanismos de “notice and takedown”, proporcionalidad del daño y obligaciones de intermediarios digitales, con el objetivo de reducir la incertidumbre jurídica para usuarios, empresas y autoridades.
Vega Gómez sostiene que México debe analizar si adopta un modelo de internet basado en libertad y responsabilidad individual, o uno basado en control indirecto del discurso y del debate a través de intermediarios.
“La decisión va a tener una repercusión para el entorno digital general, no nada más en México”, dice.
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Un cambio de era
El abogado Ulrich considera que las empresas tecnológicas han vivido en total “impunidad” desde hace muchos años y cree que ha llegado un momento en el que las plataformas están siendo reguladas a nivel internacional.
“Un negocio es un negocio”, dice el litigante en su defensa y explica que la compensación económica que se pueda fijar es en la justa medida de una de las empresas más valiosas del mundo.
“No es lo mismo Telecomunicaciones Chilpancingo que Google, No es lo mismo pues es la tercera empresa más rica del mundo. Entonces, estos señores se pusieron a jugar a la justicia. Ellos mismos, nadie los puso […] Otro argumento que nosotros tenemos es que demandamos daño moral y daños punitivos. Y los daños punitivos les duele mucho a ellos, porque los daños punitivos es en términos claros un castigo ejemplar. Y este castigo ejemplar va de acuerdo a tu tamaño económico”, asegura.
Forbes México solicitó una entrevista con Google, pero declinó hacer declaraciones y solo se limitó a entregar su último posicionamiento frente a la sociedad por la imposición de la compensación por 5,500 mdp.
Ulrich se prepara abrir un centro cultural y de meditación en honor al dios Ganesha, deidad hinduista. Frente a la figura divina, también conocido como el “Señor de los comienzos” y el “Removedor de obstáculos”, el abogado se considera ganador de la disputa por el solo hecho de ser un inversionista más que ha ganado con el crecimiento de la firma a lo largo de la historia, y volverse más espiritual, lo cual quiere dejar como testimonio en un nuevo libro.
“Creo que, gracias a Dios, el asunto en el punto técnico jurídico es muy claro, y que, en consecuencia, pues la defensa de Google pues no tiene un un eco importante […] Eso es todo y que fijen lo que tengan que fijar los ministros, nosotros aceptaremos la resolución”, dice el abogado.
