Durante años, el derecho ambiental fue visto como un área técnica encargada de gestionar permisos y cumplir con la regulación. Hoy, en un contexto marcado por la transición energética, el nearshoring y la presión de los mercados por criterios de sostenibilidad, se ha convertido en un factor que influye en inversiones, financiamiento y competitividad.
Gabriel Bustamante apostó por esta especialidad cuando pocos imaginaban esa transformación. Dos décadas después, está convencido de que el mayor riesgo para las empresas mexicanas ya no es la regulación, sino seguir viéndola como un obstáculo y no como una herramienta estratégica.
Su visión comenzó a construirse mucho antes de ejercer la profesión. Creció en Oaxaca, donde entendió que el territorio forma parte de la identidad de las comunidades. Más tarde vivió en Europa, donde descubrió instituciones con una visión de largo plazo y reglas capaces de generar certidumbre para invertir. Finalmente, la Ciudad de México le mostró el ritmo de los grandes proyectos y la complejidad de equilibrar intereses económicos, sociales y ambientales.
“México siempre ha tenido una enorme riqueza natural, pero también una presión constante por crecer, urbanizarse y atraer inversión. Tarde o temprano esos dos mundos iban a tener que encontrarse”, afirma.
Con el tiempo entendió que los problemas ambientales rara vez son únicamente ambientales. Detrás de ellos casi siempre existen factores económicos, sociales, políticos y jurídicos. Esa convicción terminó por definir su forma de ejercer la profesión. Más que un caso en particular, fue la repetición de una misma historia la que cambió su perspectiva. Empresas con proyectos financieramente sólidos enfrentaban retrasos, litigios o conflictos porque el componente ambiental había llegado demasiado tarde a la conversación.
“El problema rara vez era la ley. Lo que fallaba era la estrategia”, explica.
Ese aprendizaje también transformó la evolución de su firma. Incorporar especialistas en ingeniería ambiental, biodiversidad, cambio climático, ordenamiento territorial y gestión social respondió a una realidad simple: los desafíos no llegan divididos por disciplinas y las soluciones tampoco pueden construirse de esa manera.
Con el paso de los años también cambió la conversación dentro de las empresas. Lo que antes se asociaba con responsabilidad social o reputación corporativa hoy forma parte de las discusiones de los Consejos de Administración.
“Los Consejos preguntan por estos temas porque afectan el acceso al financiamiento, el costo de los seguros, las cadenas de suministro, la valuación de los activos y la percepción del riesgo”, señala.
Ese cambio también redefinió el papel del abogado ambiental. Hoy, asegura, ya no basta con conocer la ley. Es necesario comprender cómo funcionan los negocios, cómo se financian los proyectos y qué esperan los inversionistas.
“Nuestro trabajo consiste cada vez más en traducir la regulación en decisiones de negocio”, resume.
Para Bustamante, México atraviesa una oportunidad histórica. La transición energética y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro colocan al país en una posición privilegiada, pero aprovechar ese momento dependerá de ofrecer certeza jurídica e instituciones sólidas que permitan atraer inversiones de largo plazo.
Desde esa perspectiva, el derecho ambiental deja de ser un mecanismo de control para convertirse en un elemento que genera confianza. El verdadero riesgo, insiste, no es que existan más reglas, sino subestimarlas.
Cumplir con la legislación sigue siendo indispensable, pero ya no es suficiente. Las empresas responden hoy no solo ante las autoridades, sino también ante inversionistas, clientes, instituciones financieras y mercados internacionales que exigen estándares cada vez más altos. Por ello, considera que la sostenibilidad sólo genera valor cuando deja de ser responsabilidad de un área específica y se integra a la estrategia del negocio.
Después de más de veinte años acompañando proyectos en distintos sectores, Bustamante mantiene una convicción que resume tanto su trayectoria como la evolución del derecho ambiental en México.
En un entorno donde el riesgo climático ya influye en las decisiones financieras y la sostenibilidad se ha convertido en un factor de competitividad, las empresas que integren esta visión estarán mejor preparadas para atraer inversión, gestionar riesgos y construir relaciones de largo plazo. Las que no lo hagan seguirán reaccionando a los problemas cuando las decisiones importantes ya estén tomadas.
Al final, concluye, el objetivo nunca ha sido únicamente ayudar a las empresas a cumplir una regulación, sino acompañarlas para tomar mejores decisiones y construir proyectos que sigan siendo viables dentro de diez, veinte o incluso treinta años.
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