México cierra el primer trimestre del año con un crecimiento cercano a cero, incluso con hvisos de contracción leve, confianza empresarial por debajo de los 50 puntos por decimotercer mes consecutivo y pronósticos de Producto Interno Bruto entre 1.3 y 1.6%.
Mientras el gobierno celebra estabilidad macro y avances en bienestar, el sector privado exige certidumbre, el gran reto de esta administración federal, no solo es económico, también lo es político, transita entre tener más control y la confianza que necesita la inversión privada. El dilema central es que el régimen enfrenta una tensión estructural entre su proyecto de control y la necesidad urgente, de reactivar el crecimiento económico.
Tres ejemplos de ello son, primero, las fracturas internas en el partido en el poder y su coalición, que pueden poner en entredicho mantener la mayoría calificada en el Congreso. Segundo, una reforma judicial que refuerza una narrativa de dominio estatal, pero que en contraparte alimenta la incertidumbre entre inversionistas que requieren una independencia judicial predecible. Por último, una concentración del poder que elimina los contrapesos, con órganos autónomos debilitados, una oposición fragmentada y marginal, dándole al régimen una capacidad de maniobra legislativa casi absoluta.
Si bien es cierto que el régimen tiene un esquema de poder con un margen muy amplio, también lo es que el tiempo juega en su contra, toda vez que los resultados económicos negativos no compaginan con ese control. Derivado de ello en reconocimiento pleno de las trabas que el propio gobierno le impone a la inversión privada, en forma de una autocrítica interna, que no trasciende de los muros del Palacio Nacional, la presidenta urgió a sus colaboradores a acelerar el ritmo.
En el diagnóstico se determinó que una de las trabas que inhiben el desarrollo de los proyectos, sobre todo los relacionados con la infraestructura, tanto propios como los que se llevan a cabo con la iniciativa privada, es la burocracia. Porque no se trata solo de la complejidad que conlleva la tramitología, sino de la lentitud para procesarla, generando cuellos de botella que mantienen en pausa inversiones necesarias, que provocan esquemas que por su propia naturaleza abonan a escenarios de corrupción, independientemente de la ineficiencia.
Como resultado de ello, este lunes pasado en el evento celebrado en el Museo de Antropología, la presidenta y su gabinete, acompañados de la representación de las cúpulas empresariales y los líderes de los proyectos que ya están aprobados en materia de participación conjunta, dio a conocer una serie de medidas para apresurar su consecución. En esencia se trata de la publicación de decretos, que reordenan los mecanismos de respuesta casi inmediata, desde la autoridad hacia la autorización de esos trámites, en un rango que se orienta a implementar velozmente las grandes inversiones.
Muchos de estos proyectos, habían sido aprobados en lo conceptual desde hace largo tiempo y se mantenían detenidos precisamente por la incapacidad oficial de aprobarlos, más allá de razones individuales en cada caso, era una parálisis. Con este cambio de ruta, lo que se persigue es la inmediatez, resolver por encima de valores ideológicos en un esquema pragmático de facilitación, la desregularización pasa entonces de ser un objetivo, a una herramienta de operación.
Sin embargo, para que el modelo funcione no solo se necesita de buena voluntad, se requiere de un esfuerzo real para ejecutar, la recuperación de la confianza que aliente la inversión, depende de la credibilidad, esta tiene que legitimarse. El estado promotor tiene que ceder controles a cambio de incentivar, aunque en este caso el motor de arranque es la necesidad, al menos la intención es la correcta.
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