Las principales agencias calificadoras de riesgo, Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’ s, han vuelto a poner el reflector sobre la economía mexicana. Aunque el país ha logrado mantener el codiciado “grado de inversión”, las notas y reportes recientes de estas firmas envían un mensaje unánime.
El grado de inversión es una suerte de salvavidas para los mercados financieros; sin embargo, la complacencia no es una opción, la estabilidad macroeconómica de México está bajo el reflector y la lupa. Los argumentos detrás de las evaluaciones no son solamente un asunto técnico, son una hoja de ruta de nuestras vulnerabilidades estructurales, por ello para entender este veredicto hay que analizar los tres principales frentes que son la causa de la preocupación.
Primero, la rigidez del déficit fiscal, que representa el principal foco rojo, es el desbalance entre lo que el gobierno gasta frente a lo que recauda. El elevado déficit público heredado y la dificultad para reducirlo a los niveles tanto prometidos como esperados, estrangula el crecimiento económico. Esto por supuesto plantea dudas razonables respecto de la sostenibilidad de las finanzas oficiales en el mediano plazo, que aunado a la pobre perspectiva de crecimiento, no deja márgenes para solventar el ejercicio presupuestal.
Pemex sigue siendo un barril sin fondo, el talón de Aquiles de la nota soberana, las calificadoras observan con profunda cautela que el modelo de negocio de la petrolera estatal, siga dependiendo de transferencias directas y apoyos fiscales. El apoyo masivo del gobierno para mantener a flote a Pemex, está absorbiendo recursos materialmente a fondo perdido, que en todo caso deberían destinarse a inversión en infraestructura productiva real.
Por último, pero no menos importante, el deterioro institucional y la incertidumbre jurídica, pesa cada vez más, las reformas constitucionales y el rediseño de las instituciones del país son vistos por estas agencias, como factores que restan predictibilidad al marco regulatorio, erosionando la confianza para la inversión privada de largo plazo. Las implicaciones se ciñen al precio de la desconfianza, mantener el grado de inversión es una buena noticia momentánea, ante el riesgo latente de una perspectiva negativa o bajar en los escalones de dicha categoría.
Porque ello tiene consecuencias tangibles para la economía del país y particularmente en el bolsillo de todos los mexicanos. Al aumentar el riesgo los inversionistas exigen mayores tasas de interés para prestar dinero. El resultado es un encarecimiento del financiamiento y del costo de la deuda pública, lo que además resta espacio para el presupuesto de sectores sensibles y fundamentales, como la seguridad, la salud y la educación.
En estas condiciones, se pone en entredicho el avance en la relocalización de cadenas de suministro, identificada como la gran oportunidad para las empresas globales. Las empresas no solo buscan mano de obra y cercanía geográfica, buscan certeza jurídica, y energía constante, el ruido frena proyectos que prefieren migrar a mercados más predecibles.
Cada pronunciamiento de las principales agencias calificadoras, actúa como un termómetro para el peso, la incertidumbre alimenta la volatilidad de los mercados financieros, ejerce una presión cambiaria que a su vez impacta en las expectativas inflacionarias. El diagnóstico es muy claro y lo que verdaderamente importa a partir de este punto, es cómo reaccionar ante él, México debe activar de inmediato una estrategia de acciones que se conocen y entienden, pero que durante mucho tiempo no se han querido tomar.
Una reforma fiscal estructural, el rediseño del modelo energético y de Pemex y un blindaje de la certeza jurídica, son conceptos que ya no se pueden sostener en argumentos ideológicos, que por necesidad y convicción tienen que ser pragmáticos y eficientes. No hay otra vía o alternativa.
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