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    El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa humanitario del gobierno estadounidense que permite vivir y trabajar de manera legal en Estados Unidos a los ciudadanos de ciertos países que atraviesan dificultades específicas, además de estar protegidos de las deportaciones. La administración Biden amplió significativamente este programa humanitario para incluir a más de un millón de personas.

    La administración de Trump reduce el Programa de Protección Temporal

    El mes pasado, una resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos permitió al gobierno de Trump cancelar el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 500,000 personas de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Además de cancelar el programa de Estatus de Protección Temporal para los ciudadanos de estos países, el gobierno de Trump también ha decidido cancelar el permiso humanitario para los migrantes que ingresaron por la frontera entre Estados Unidos y México a través de la aplicación móvil de la CBP, así como para los ciudadanos de Afganistán. Lo anterior representa un millón de personas más, lo que eleva el total de personas cuyo estatus migratorio quedará en el limbo a casi 1,5 millones.

    Deportaciones aceleradas

    Desde el punto de vista legal, la naturaleza de estas deportaciones plantea interrogantes sobre el debido proceso administrativo. A diferencia de los procesos convencionales de deportación migratoria, donde se evalúan las circunstancias de un individuo ante un juez en una audiencia de un tribunal de inmigración, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos utiliza deportaciones aceleradas para deportar a cualquier persona cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS) haya sido cancelado y ya no tenga estatus legal. Durante una deportación acelerada estas personas no tienen una audiencia judicial ante un juez de inmigración, además de que un oficial de inmigración puede iniciar la deportación acelerada que puede tardar tan solo un día. 

    Desde mayo, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos ha incrementado la implementación de deportaciones aceleradas, lo que ha resultado en separaciones familiares y ha generado tensión en comunidades de todo Estados Unidos. Esta tensión se ha manifestado en las protestas que han estallado por todo el país. Algunos manifestantes ondearon la bandera mexicana, lo que obligó al gobierno mexicano a defender su reputación en estas protestas y generó un diálogo entre los gobiernos de Estados Unidos y México.

    Sobre la autora:

    *Jasmin Singh es abogada de inmigración especializada en derecho migratorio estadounidense radicada en la Ciudad de Nueva York.

    LinkedIn: Jasmin Singh

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