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    La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió a la Cámara de Diputados modificar la Ley de Amparo aprobada en el Senado, ya que vulnera la operación de las empresas, al restringir la suspensión del acto reclamado y dificultar la defensa ante créditos fiscales y bloqueos de cuentas.

    “La reforma  de la Ley de Amparo contempla sanciones para las autoridades que incumplan sentencias y la incorporación de elementos de colectividad en el interés legítimo, ya que la suspensión del acto reclamado continúa siendo rígida”, declaró el organismo dirigido por Juan José Sierra Álvarez.

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    “En materia fiscal y de bloqueo de cuentas bancarias, se limita este mecanismo de salvaguarda, afectando la operación de miles de empresas, además, los créditos fiscales firmes y prescritos serán prácticamente imposibles de impugnar con la Ley de Amparo”, expresó el sindicato patronal.

    Pasadas las 11 de la noche del 1 de octubre de 2025, el Senado de la República aprobó la iniciativa a la Ley de Amparo  enviada por la presidenta Claudia Sheinbaumcon 76 votos en favor, de Morena y aliados, y 39 en contra de los opositores.

    Y en la madrugada del 2 octubre hicieron un cambio al dictamen de la Ley de Amparo para dar retroactividad a las nuevas disposiciones, lo cual  fue rechazado por la oposición y los presidentes de las comisiones dictaminadoras del Senado, quienes salieron del salón de plenos para no tener que votar la reserva presentada por Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena), que avaló luego la mayoría de los legisladores de la 4T. Ahora le toca a la Cámara de Diputados discutir la Ley de Amparo.

    El organismo empresarial demandó a las y los diputados revisar con responsabilidad la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado, pues su contenido representa un grave retroceso en materia de justicia constitucional y vulnera la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las empresas en México.

    Durante más de un siglo, el juicio de amparo ha sido el mayor aporte de nuestro país al constitucionalismo en el mundo, comentó.

    La Ley de Amparo ha protegido la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica de millones de personas, siendo un pilar esencial del Estado de Derecho y una garantía para la vida democrática y económica de la nación. 

    “Modificar (la Ley de Amparo) sin un análisis técnico, incluyente y responsable, pone en riesgo su eficacia como herramienta de equilibrio entre la autoridad y la sociedad”, expresó.

    La Coparmex advirtió que garantizar créditos exclusivamente mediante depósitos en efectivo o cartas de crédito excluye a la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el corazón de nuestra economía. 

    “Nos inquieta especialmente la incorporación de un artículo transitorio que permite la aplicación retroactiva de la reforma, afectando juicios que se encuentran en trámite. Este cambio vulnera la certeza jurídica y rompe con principios constitucionales básicos, entre ellos el artículo 14 constitucional”, apuntó.

    De aprobarse esta reforma sin correcciones de fondo, México enviaría una señal negativa a inversionistas nacionales y extranjeros, destacó el sindicato patronal.

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    La confianza en las instituciones y la certidumbre legal son condiciones indispensables para atraer capital, generar empleo y mantener la estabilidad económica, señaló.

    “Además, un debilitamiento del marco jurídico mandaría un mensaje de desconfianza internacional que podría complicar las negociaciones y revisiones del TMEC, afectando la posición de México frente a sus principales socios comerciales”, dijo la Copamex.