Permisionarios de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) piden piso parejo para competirle a plataformas de transporte privado de personas, a la que señalan de no contribuir con el pago de cuotas del IMSS, Infonavit y federales.
Aseguran que firmas como Uber o Didi se llevan la mitad de los servicios de pasaje, y que serían favorecidas por un decreto presidencial que les daría “todo el poder” para que operen fuera de los normas establecidas por las autoridades del autotransporte federal.
“Nosotros estimamos que se pierden en el AICM más de 3 mil viajes diariamente, lo cual es absorbido por las apps”, afirmó Hugo Orlando Guerrero Meléndez, representante legal de T & M Movilidad.
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Sostiene que al menos 6 mil servicios diarios son los viajes de servicios de taxis que produce el AICM.
“Si tomamos en cuenta a las plataformas nacen en 2015 y en la Ciudad de México había 120 mil unidades autorizadas como taxis rosas, hoy todas las plataformas Uber DiDi y las que haya están supliendo a ese parque vehicular de taxis que ya está en la quiebra total”, aseguró.
Dice que las aplicaciones deben tener más de 100 mil unidades y pueden entrar a trabajar en el AICM.
“No le tenemos miedo a la competencia, sino que sea en términos pasajeros, equitativo y conforme a la ley y reglamento y con unidades cromatizadas que cumplan todos los requisitos de la autoridad”, apunta.
“Si les damos entrada a las firmas de aplicación digital con una regulación laxa ocasionará que en un año desaparezcamos”, agrega Guadalupe Espinosa, representante legal de la empresa Casadey.
Asegura que no existen antecedentes de actos delictivos ni de inseguridad en los taxis de los permisionarios, y exige el regreso de las autoridades a las zonas federales para que cumplan con su trabajo y apliquen la ley.
Además pide a la sociedad que tome conciencia de este tema y que use taxis autorizados con el fin de proteger su integridad física y viajar de forma segura, pues, afirma, son vehículos identificados y autorizados por la ley en los aeropuertos de todo el país.
La representante de los taxis del AICM, Alejandra Arianna Esquivel, rechaza que los permisionarios se hayan negado a permitir el ingreso de las plataformas a las zonas federales, “ya que nunca ha estado permitido y siempre ha sido violatorio por parte de los taxis de plataformas”.
Afirma que los taxis del AICM no están en condiciones de ninguna negociación, porque empresas como Uber o Didi son plataformas, y los taxis autotransporte federal, lo que “legalmente implica considerables diferencias”.
“Desde que entró Uber y DiDi de forma ilegal nosotros hemos estado subsidiando el uso del suelo federal, por lo que ellos pueden ofrecer tarifas bajas”, señala.
“Yo creo que el decremento de productividad de nuestras unidades de taxis autorizadas fue del 50 por ciento”, calcula.
En todo el país hay 7 mil 500 taxistas con permisos federales para ofrecer servicios en los aeropuertos administrados por Grupo Aeroportuario del Centro Norte, Grupo Aeroportuario del Sureste, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Sedena, Semar y ASA.
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En las terminales 1 y 2 del AICM hay más de mil 500 taxis que movilizan a gran parte de los 48 millones 415 mil pasajeros que arriban y salen cada año.
“Nosotros no somos autoridad para decidir: ‘Tú cargas aquí’. Somos empresas privadas con contrato que pagamos derecho de piso y cumplimos con la ley”, declara Gonzalo Ortiz Castelán, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Transportistas en Aeropuertos.
“De nosotros depende darle un excelente transporte seguro, esa es nuestra responsabilidad”, manifiesta.
El permisionario dice que son muchos requisitos los que deben cumplir vehículos y operadores, además de los que pide el AICM, lo que les lleva a tener un margen de utilidad no superior al 13%.
Agrega que las organizaciones de taxis no se niegan a que los autos de apps ingresen a la zona federal, siempre y cuando cumplan con obligaciones como dar de alta las unidades, pagar placas, tarjetas, engomados, verificar dos veces al año, hacer inspección de unidades, renovar el parque vehicular cada cuatro años, así como reclutar conductores sanos, pagarles seguro y hacerles exámenes de salud, entre otros requisitos.
