Por Dr. Nicolás Domínguez García*
La reciente reforma constitucional que impone límites a las jubilaciones y pensiones elevadas en entidades públicas introduce una corrección importante en la parte alta del sistema, particularmente en esquemas asociados al personal de confianza de organismos descentralizados, empresas del Estado y otras entidades paraestatales. En términos de equidad y control del gasto, la medida busca contener excesos que durante años generaron distorsiones en algunos regímenes complementarios. Sin embargo, su alcance real debe dimensionarse con cuidado: el decreto corrige la cúspide del problema, pero no modifica la base estructural del sistema pensionario mexicano, donde se concentra el grueso de las obligaciones y de la presión fiscal.
La importancia de este matiz radica en que el gasto en pensiones ya representa uno de los componentes más pesados del presupuesto público. En el Paquete Económico 2026, las pensiones alcanzan aproximadamente 2.3 billones de pesos dentro de un presupuesto de alrededor de 10.2 billones, es decir, más de una quinta parte del gasto total. Esto significa que el problema pensionario ya no es un asunto marginal de seguridad social, sino uno de los núcleos de rigidez del gasto público mexicano. El decreto puede tener un efecto de contención sobre algunos casos de pensiones altas, pero no altera de forma significativa la trayectoria de ese gasto estructural.
En el caso del IMSS, la dimensión del problema es claramente mayor a cualquier ahorro que pueda derivarse del nuevo tope constitucional. El Informe sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2024-2025 reporta que el valor presente de las obligaciones totales del Régimen de Jubilaciones y Pensiones asciende a 2.72 billones de pesos a diciembre de 2024. De ese total, 0.80 billones corresponden al IMSS en su carácter de asegurador y 1.95 billones al componente complementario; además, el propio informe reconoce 1.89 billones de pesos como obligaciones devengadas. Estas cifras muestran con claridad que el problema central del Instituto no está en unas cuantas pensiones altas, sino en la magnitud acumulada de un régimen de beneficio definido que sigue presionando las finanzas públicas.
En el caso del ISSSTE, la revisión de la Cuenta Pública 2024 permite corregir una percepción equivocada que a veces minimiza la escala del problema. Los estados financieros reportan una suma del pasivo total de 736,113,317,692 pesos, es decir, 736.1 mil millones de pesos al cierre de 2024. Esta cifra confirma que el problema del ISSSTE no se reduce a déficits operativos aislados o de pocos miles de millones, sino que también se mueve en una escala muy elevada. Si bien su pasivo no está presentado exactamente con la misma metodología actuarial que el del IMSS, su magnitud confirma que las obligaciones del Instituto son estructuralmente relevantes dentro del sistema pensionario del sector público mexicano.
Además, la información financiera del propio ISSSTE muestra distintos planos del problema: por un lado, el pasivo consolidado del Instituto; por otro, el comportamiento de sus componentes aseguradores; y finalmente, los déficits de seguros o fondos específicos. Esto vuelve más compleja la comparación con el IMSS, pero en ningún caso permite concluir que el problema del ISSSTE sea menor en términos fiscales. Lo que ocurre es que sus obligaciones aparecen distribuidas en distintos registros y niveles de análisis, mientras que en el IMSS el problema del Régimen de Jubilaciones y Pensiones está claramente presentado como pasivo actuarial de gran escala.
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Esta lectura coincide con la línea crítica que la Auditoría Superior de la Federación ha venido sosteniendo en sus auditorías de desempeño sobre pensiones. En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la ASF documentó que, entre 2008 y 2017, realizó 19 auditorías en la materia —14 de desempeño, 4 financieras y 1 especial, además de una evaluación de política pública— y concluyó que, aunque el Estado impulsó cambios para reducir el déficit actuarial mediante la migración hacia cuentas individuales, persistía un problema financiero en los regímenes de beneficio definido que seguía constituyendo un factor de vulnerabilidad para las finanzas públicas. Ese diagnóstico es consistente con la preocupación que durante años se trabajó en la ASF en la etapa en que Roberto Salcedo Aquino encabezó la Auditoría Especial de Desempeño y en la que Eduardo Gurza Curiel formó parte de la estructura técnica vinculada a estos ejercicios de fiscalización y que las obligaciones pensionarias del sector público en México se estimaba en más de 100% del PIB.
La advertencia de la ASF es especialmente importante porque ayuda a ubicar correctamente el sentido del nuevo decreto. El problema pensionario mexicano no puede reducirse a pensiones “doradas” o a excesos en la cúspide del sistema. La verdadera presión fiscal proviene de los regímenes masivos, de los compromisos heredados de beneficio definido, de los pasivos acumulados del IMSS y del ISSSTE, y de las obligaciones que siguen absorbiendo una parte creciente del presupuesto. Por eso, el decreto puede ser útil como medida de corrección política y administrativa, pero no modifica la lógica profunda del desequilibrio.
A ello se suma una estimación de largo alcance que conviene recuperar. El especialista en pensiones Pedro Vásquez Colmenares ha sostenido, con base en valuaciones actuariales y datos oficiales, que la deuda por pensiones en México ya rebasa el 100% del PIB, lo que representa más de tres veces la deuda pública total y más de diez veces la base fiscal del país. Aunque se trata de una estimación agregada de carácter estructural y no de un cálculo presupuestario anual, su relevancia es clara: ubica el problema pensionario no como una contingencia aislada, sino como una presión sistémica que atraviesa a los tres órdenes de gobierno y a múltiples regímenes.
En consecuencia, el sistema pensionario mexicano enfrenta un doble desafío. Por un lado, sí es necesario contener excesos en segmentos específicos del gasto, como lo pretende el decreto constitucional. Pero, por otro, el reto decisivo sigue siendo construir una estrategia de largo plazo que permita alinear el crecimiento de las obligaciones pensionarias con la capacidad real de financiamiento del Estado. Mientras ese ajuste estructural no ocurra, las presiones sobre las finanzas públicas persistirán, porque el problema no está solamente en la parte alta del sistema, sino en la magnitud acumulada de sus pasivos y en la rigidez presupuestaria que éstos ya imponen sobre el conjunto del gasto público.
Sobre el autor:
*Dr. Nicolás Domínguez García, Presidente de la Comisión Técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental e integrante de la Comisión Técnica de Desarrollo de Contabilidad y Auditoría Gubernamental.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
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