La inflación experimentó un repunte significativo tras el inicio de la pandemia, impulsada por una combinación de choques de oferta y demanda. Aunque ha mejorado en los últimos años, sigue afectando el poder adquisitivo de los estadounidenses, generando descontento social. Este factor fue crucial durante las elecciones de 2024 y su combate formó parte de las promesas de campaña del presidente Trump. También será clave en la implementación y éxito de sus políticas públicas ya que podría limitar su capacidad de acción. Este artículo analiza cómo este factor pudiera influir en su agenda política.
La inflación en el centro de la elección de 2024
La inflación fue uno de los temas más relevantes en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, ya que afectó directamente el poder adquisitivo de los votantes. Los consumidores están muy descontentos con los notables aumentos de los precios de los alimentos, vivienda, energía y otros productos esenciales. En este contexto, una multitud de encuestas antes del día de la votación coincidían en que era el principal problema del país y el mismo Trump ha afirmado que fue un factor decisivo para su victoria. Ante este panorama, posicionó la lucha contra la inflación como una de sus principales promesas de campaña. Aprovechó la situación al criticar las políticas económicas del gobierno de Joe Biden como responsables de la escalada de los precios, responsabilizándolo por no gestionar adecuadamente la crisis inflacionaria.
Durante su campaña destacó la necesidad de adoptar medidas económicas agresivas para frenar la inflación, argumentando que su enfoque de “libertad de mercado” y “proteccionismo estratégico” sería más efectivo que las políticas de los demócratas. Al centrar su discurso en la economía, Trump logró movilizar a votantes que se sentían afectados por los elevados precios y presentarse como una alternativa capaz de restaurar el equilibrio económico. Para muchos, sus propuestas representaban una solución frente a los efectos negativos de la inflación.
La inflación general anual ha mostrado una recuperación significativa desde el pico de 9.1% alcanzado en junio de 2022. Sin embargo, en los últimos cuatro meses ha vuelto a enfrentar presiones, llevando a la tasa desde 2.4% en septiembre pasado al 3.0% más reciente. Esta situación refleja los persistentes desafíos para la dinámica de precios en Estados Unidos en 2025 y ha generado una postura más cautelosa del Banco de la Reserva Federal. En este entorno, las dudas de que las promesas de campaña del presidente Trump podrían verse limitadas han ido en aumento, especialmente si tienen un impacto negativo sobre la inflación.
Posible influencia en las políticas públicas del presidente
La estrategia económica del presidente Trump busca estimular el crecimiento mediante una política fiscal pro cíclica enfocada en redirigir el gasto público hacia programas con mayor impacto en la economía y el bienestar de los hogares. A esto se suma una posible reducción de impuestos, especialmente para las corporaciones, con lo cual tiene el objetivo de incentivar la inversión y la creación de empleo. Sin embargo, una política expansiva de este tipo suele generar presiones inflacionarias cuando la economía no está en recesión, como es el caso en la actualidad. Por esta razón, su administración también ha impulsado un ambicioso plan de desregulación en sectores clave como el financiero, energético, medioambiental, educativo y residencial. Según su visión, eliminar barreras burocráticas y reducir costos permitirá una mayor eficiencia en los mercados, logrando que los beneficios lleguen directamente a los consumidores a través de precios más bajos y competitivos.
La política comercial de EU será clave en la administración actual
Por otro lado, la política comercial de Trump tiene un enfoque proteccionista. La intención es fortalecer la posición de las empresas y trabajadores estadounidenses en la economía global. Desde su primer mandato ha implementado algunas medidas arancelarias y ha renegociado acuerdos comerciales con la promesa de mejorar la balanza comercial del país. Sin embargo, el impacto de estas políticas sobre la inflación es motivo de un persistente debate ya que las restricciones al comercio pueden traducirse en costos más altos para los consumidores. Además, la posibilidad de represalias de otros países a través de aranceles recíprocos añade incertidumbre al panorama. En este sentido, el Representante de Comercio de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés) presentará el 1 de abril un informe sobre la relación comercial de dicho país con el resto del mundo. Dicho reporte será clave para evaluar las posibles consecuencias de su estrategia y los próximos pasos de la administración.
En 2025, Trump ha extendido su filosofía comercial con nuevos mecanismos más allá de la Ley de Facultades Económicas en Caso de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), la Sección 232 y la Sección 301. Entre ellas destaca el plan de imponer aranceles recíprocos para igualar tarifas extranjeras, medidas contra impuestos digitales que afectan a empresas tecnológicas de EE. UU., reformas en controles de exportación para proteger tecnologías estratégicas e impuestos adicionales a embarcaciones chinas en puertos estadounidenses. Estas acciones buscan fortalecer la industria nacional y presionar a socios comerciales como China, México, Canadá y la Unión Europea.
Probablemente el efecto que pudiera tener sobre la inflación será una variable de ajuste clave en la implementación de cualquiera de estas estrategias. Su efecto final es complejo y no tan claro, aunque el consenso se inclina hacia la visión de que inducirá nuevos aumentos en los precios de los bienes y servicios afectados. En este sentido, debemos esperar cambios en el comercio internacional y la materialización de algunas de las amenazas sobre aranceles. No solo eso, sino que estas últimas han ayudado de una forma mucho más estratégica a Estados Unidos a negociar mejores condiciones con otros países en distintos frentes.
La política de deportación masiva también encontrará desafíos importantes
La política migratoria de Trump se ha convertido en un eje central de su administración, vinculándola a problemas como el tráfico de fentanilo, la violencia y la inseguridad. Sin embargo, la implementación de su estrategia también enfrenta importantes obstáculos. En el ámbito operativo, la cooperación entre distintos niveles de gobierno, empresas y sociedad es crucial para la identificación y deportación de inmigrantes indocumentados. Este esfuerzo requiere un uso intensivo de recursos, lo que podría afectar la atención a otras prioridades de seguridad pública e inclusive estar limitada por la falta de presupuesto. Además, la logística de deportaciones masivas implica desafíos administrativos que pueden dificultar la efectividad de la medida a largo plazo.
En el plano legal, Trump deberá enfrentar múltiples litigios interpuestos por gobiernos estatales, organizaciones civiles y empresas que buscan frenar sus políticas migratorias. Estas batallas legales podrían retrasar o incluso bloquear parte de sus iniciativas. A nivel económico, la escasez de mano de obra en sectores clave como la construcción, la agricultura y los servicios genera preocupaciones sobre el impacto de las deportaciones en la dinámica de los salarios, productividad y el crecimiento. Durante su primera presidencia, las deportaciones totalizaron aproximadamente 935,000, muy por debajo de los cerca de 5 millones registrados en los dos mandatos de Obama. Este factor es crucial ya que una reducción drástica de la fuerza laboral indocumentada podría encarecer bienes y servicios esenciales. Si la inflación sube como resultado, las propias condiciones del mercado podrían poner en duda la viabilidad de esta estrategia migratoria.
Como conclusión, la administración de Trump enfrenta un panorama complejo en la implementación de sus políticas económicas, comerciales y migratorias. Esto se debe a los efectos directos e indirectos que pueden tener sobre la inflación y otras variables. Su enfoque fiscal pro cíclico, en combinación con el proteccionismo comercial e ímpetu desrregulatorio, busca estimular el crecimiento y reducir el déficit comercial. Al mismo tiempo, podría generar costos adicionales para consumidores y empresas. Además, su estrategia de deportación masiva enfrenta desafíos operativos, legales y económicos que podrían frenar su alcance. En este contexto, la relación entre inflación y políticas gubernamentales será clave para determinar el éxito de sus iniciativas y la sostenibilidad de su agenda a largo plazo.
Contacto:
Alejandro Padilla es Presidente de la Comisión de Política Económica del International Chamber of Commerce México y Director General Adjunto de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Banorte.
Cuenta de Twitter: @alexpadillasan
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