La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso los Precriterios Generales de Política Económica 2027, documento en el que proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto para este año entre el 1.8% y el 2.8%.
En el mismo estudio se contempla una inflación al cierre de 3.7% y un RFSP (Requerimientos Financieros del Sector Público) del 4.1%, y una deuda pública estabilizada en 54.7%, ambos del PIB. Para el 2027, el rango sube ligeramente a 1.9-2.9%, con el RFSP en 3.5% y deuda en 55%. Estos datos pueden, en la intención teórica, parecer el trazado de una trayectoria prudente y de normalización fiscal, pero el consenso del mercado y de los organismos internacionales difiere, lo que implica un escenario con proyecciones diferentes.
En un escenario realista, el optimismo oficial no coincide con los riesgos estructurales, en un año marcado por la incertidumbre comercial y presiones inflacionarias. Hacienda construye su marco sobre tres pilares: un crecimiento moderado, pero superior al promedio de las expectativas; una consolidación fiscal gradual, y un precio del petróleo favorable.
La distancia conceptual y efectiva entre Hacienda y los demás no es nueva, pero esta vez resulta más evidente. El Banco Mundial, en su Panorama Económico de América Latina recientemente actualizado, mantiene su cálculo para México en 1.3%, ubicándonos debajo del promedio regional. El Banco de México, en su último informe trimestral, apunta al 1.1%, y los diversos analistas privados se mantienen en una perspectiva del 1.3%, pese a los ajustes oficiales.
Los riesgos a la baja son estructurales: la incertidumbre sobre la revisión del T-MEC, que podría afectar flujos comerciales y relocalización; la inversión privada, que no despega al ritmo esperado; cuellos de botella en logística e infraestructura, y una productividad estancada. También hay que considerar elementos como una formalidad laboral baja y un gasto público cada vez más rígido por las presiones presupuestales de pensiones, programas sociales y servicio de la deuda.
Estos conceptos dejan poco espacio de margen para la inversión productiva. En ese contexto, proyectar hasta un 2.8% no parece realista: es muy optimista, pero no es un pronóstico tangible. Para las empresas y los inversionistas, el mensaje es mixto. Si el nearshoring finalmente se consolida y el petróleo caro aporta un colchón fiscal, sectores como el automotriz, aeroespacial, electrónico y de energías renovables podrían ver un impulso real. Pero el bajo dinamismo general implica menor demanda interna y crédito más caro.
Estos Precriterios indican que el gobierno es responsable fiscalmente hablando, pero también revelan una desconexión preocupante entre el escenario oficial y la realidad que ven los mercados y los organismos multilaterales. México no puede seguir apostando a que el petróleo y el nearshoring resuelvan solos los problemas de productividad, inversión y crecimiento estructural.
En un periodo de bajo crecimiento como se espera para este ciclo, la clave no está en esperar mayor gasto público, sino en acelerar reformas que hoy siguen pendientes. Hay que fomentar infraestructura de calidad, educación orientada a las habilidades del futuro, políticas industriales que se relacionen con la relocalización y, muy importante, seguridad jurídica.
La narrativa oficial, por obligación, tiene que ser positiva; debe ser alentadora para la inversión; sin embargo, no puede contrastar con el momento y sus datos preponderantes, porque el análisis la contrapone, y eso no es un buen signo, sobre todo si se considera el factor de la credibilidad, porque de eso se deriva la confianza.
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