Para Adriana Greaves Muñoz nunca va haber un esfuerzo suficiente para combatir la corrupción si no intervienen las empresas. Después de lograr identificar este delito en el sector público, ahora buscan hacerlo dentro de las compañías.
Greaves, junto con Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundaron la organización de la sociedad civil Tojil y son creadoras y desarrolladoras de TEO, un chatbot diseñado para recibir reportes de corrupción e irregularidades cometidas por servidores públicos, compartieron su experiencia de cómo atendían las conductas irregulares a los Chief Compliance Officers de otras empresas y se dieron cuenta que no había líneas de denuncias para las empresas.
“Y las pocas que habían las imponían desde corporativos de Estados Unidos y realmente no respondían a la realidad de México. ¿Cómo no respondían? No tenían garantizado el tema de anonimato y no conocían el contexto”, explica Adriana.
Ambas decidieron aprovechar la tecnología desarrollada para el sector público con el fin de comercializar a las empresas una herramienta para combatir la corrupción, por lo que, en octubre de este año, lanzaron Qable, el primer mecanismo de “whistleblowers” en México, una herramienta tecnológica de denuncia que, con apoyo de Inteligencia Artificial (IA), permite a las empresas identificar conductas indebidas y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas mediante denuncias anónimas, con el fin de mitigar riesgos legales y financieros.
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“No solamente es para prevenir delitos, sino para autoconocerse”, explica Adriana. Esta tecnología “lo que busca es desarrollar canales de denuncia para las empresas a través de las cuales empleados, proveedores, incluso algunos miembros directivos puedan reportar cualquier tipo de hecho criminal, desde robos, fraudes, que puedan ayudar a mejorar la atención y los servicios de la empresa, pero también, puedan reportar otras irregularidades como actos de corrupción, casos graves de lavado de dinero”, agrega Estefanía.
Por ejemplo, Medina comenta que las empresas que cotizan en bolsa a nivel internacional están sujetas a cumplir con las normativas y que en caso de falla o incumplimiento podrían ser investigadas y sufrir sanciones multimillonarias.
“Tenemos esta visión transnacional, de no solamente estar viendo los riesgos que se pueden enfrentar del día a día, sino una perspectiva de riesgos que pueden enfrentar en una investigación en cinco o 10 años, y que puede implicar la destrucción o destitución de esa empresa”, dice Medina.
En medio del nearshoring y de la incertidumbre que se ha generado en México tras aprobarse la reforma al Poder Judicial. La fórmula que implementarán las abogadas es promover la confianza, el acompañamiento integral hacia los empleados, proveedores, directivos y entender la cultura de integridad, en dónde están los riesgos y dónde van a dar capacitación, entre otras acciones preventivas y punitivas.
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Con 12 años de experiencia en el ámbito de la justicia y en el tema de anticorrupción, Estefanía y Adriana, a través de Qable, quieren ayudar a las empresas a tener un “ojo clínico” de todo lo que sucede dentro de ellas. “Es difícil que los directivos puedan ver dónde se está yendo o qué están haciendo los empleados que podría afectarles en un futuro a ellos. Creo que va a ser de muchísima utilidad para ellos como ha sido para las instituciones públicas”, dice Adriana.
Con información de Roberto Arteaga.
