Como última parte de esta serie de columnas de opinión: “el lastre local del oasis sureño” dedicamos esta entrega a analizar el caso del estado de Yucatán. Anteriormente hemos comentado cómo el sureste mexicano vive una suerte de efervescencia inédita, empujada por una inyección histórica de recursos federales.
Sin embargo, como lo hemos venido desmenuzando, existe una peligrosa distorsión en la región, porque los gobiernos locales han confundido el beneficio de la inversión en infraestructura con el desarrollo económico sostenible en el tiempo. En Yucatán el problema adquiere un matiz distinto, pero igual de preocupante, la intervención del estado esconde profundas grietas estructurales.
Durante los últimos años Yucatán se ha posicionado de manera muy importante como el gran polo industrial de la península, un edén de atracción de inversiones y dinamismo inmobiliario. Los gobiernos del estado resultaron ser en el pasado, prácticos acompañantes del crecimiento, en el respaldo que le corresponde, en favor del sector privado local e internacional, una parte efectiva del engranaje del verdadero motor.
No obstante, en esta nueva administración estatal, no solo ha dejado de cumplir su función promotora y facilitadora, se ha transformado en un lastre institucional. La paradoja yucateca se debate entre la llegada de empresas y capitales gracias al gran cúmulo de bondades que ofrece la entidad, como las ventajas logísticas y la seguridad que son una característica diferencial, en contra de un mecanismo alarmante de presión y extorsión oficial.
Con el arribo de Joaquín Díaz Mena a la gubernatura, se instauró un opaco mecanismo de operación en manos de su amigo más cercano, Mario Millet Encalada, quien propios y ajenos definen como el “vicegobernador” aun cuando no ostenta un cargo formal, lo cual no excluye que permanezca siempre junto al mandatario incluso en reuniones oficiales, en las que gira instrucciones a los funcionarios públicos. Es un secreto a voces que mediante su influencia en este esquema todas las compras, concesiones y permisos que dependen del estado, tienen que pasar por su autorización y negociación con los particulares, por encima de los funcionarios del gobierno, que obedecen sus directrices y acuerdos sin margen de maniobra.
La queja de los empresarios se centra en el hecho de que, en este método, ya no solo se exigen comisiones por los otorgamientos, ahora se demanda participación accionaria en las empresas. Esto provocó que muy diversos e importantes inversionistas locales y extranjeros hayan elevado su molestia por la coyuntura hasta las máximas autoridades federales, independientemente de detener sus proyectos en curso y futuros, propiciando un daño mayúsculo para la entidad.
Pero esta dinámica no se limitó al estado, a través de su hermano Ricardo Millet esta misma forma de operación sinuosa, se trasladó de manera idéntica en complicidad al ayuntamiento de Mérida la capital, a pesar de que la alcaldesa Cecilia Patron Laviada milita en un partido político diferente al del gobernador. El ayuntamiento capitalino cedió al efecto corruptor y como consecuencia hoy la prestación de los servicios públicos, que antes eran motivo de orgullo y fueron un elemento que propició la llegada de personas de otras partes del país y del extranjero, están en una situación lamentable.
Lo que antes era un factor de promoción ahora es motivo de molestia constante, por ejemplo, la adquisición reciente de luminarias obsoletas a pesar de los señalamientos, de que no cumplen con los estándares requeridos y aun cuando de las múltiples inconformidades presentadas durante el proceso.
Más que un tema de orden político se trata de un entramado de negocios al amparo de la autoridad, creando una suerte de sociedad para controlar todo un aparato de distribución de asignaciones. A pesar de los múltiples señalamientos públicos al respecto y de severas llamadas de atención desde el gobierno federal, la situación se mantiene en la misma condición.
El resultado se observa en la pérdida de confianza del sector privado, en la cancelación de inversiones y, por ende, en la peor publicidad posible en contra de un estado, que no solo venía haciendo bien las cosas, que ya había logrado ser un llamativo foco de atracción. El peor boicot posible para el desarrollo y el crecimiento se detona cuando la propia autoridad se convierte en la enemiga de la promoción, ahuyenta cualquier intención en ese sentido.
El problema de Yucatán y de Mérida hoy, está en el contraste que plantea que, sin importar sus múltiples y extraordinarias condiciones para la inversión, sus propios gobiernos son quienes las eliminan.
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