Un bolso “Lady Dior Pouch” es el epílogo de una larga controversia en torno al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol. En un video ampliamente difundido en internet, se ve a la primera dama Kim Keon-hee aparentemente recibiendo un bolso Christian Dior como regalo, lo que iría en contra del modelo anticorrupción que ha construido la República de Corea durante los últimos años.
El tema del bolso en realidad es la cereza del pastel de una crisis institucional que ha ido en escalada desde 2022, cuando el ex fiscal llegó a la presidencia de la nación surcoreana.
Este tipo de escándalos ligados al abuso de poder y los sobornos de altos funcionarios no son nuevos para la sociedad de aquel país. Ya en 2018 la nación surcoreana había sido conmovida con la condena de 24 años de prisión a la exmandataria Park Geun-hye, al ser declarada culpable de abuso de poder y corrupción. A ella, la primera mujer en ser electa presidenta de Corea del Sur, le preceden otros casos de corrupción, que involucran a exmandatarios, políticos de alto rango y familiares que, en la década de los 2000, se vieron envueltos en acusaciones que terminaron en sentencias, por aceptar sobornos millonarios, evadir impuestos y violar las reglas electorales.
Es bien conocida la historia de éxito económico de Corea del Sur que, luego de ser uno de los países más pobres del mundo en la década de los 60, logró convertirse en un modelo de prosperidad más allá del continente asiático. Sin embargo, hablar de su crecimiento económica obliga a señalar el puñado de dinastías corporativas que crecieron al abrigo del Estado: los “chaebol” que se convirtieron en verdaderos imperios multimillonarios, como Samsung, LG, Lotte o Hyundai.
Ante los escándalos de sobornos que han envuelto a la clase política y económica, el Estado surcoreano tomó una serie de medidas para combatir el problema de la corrupción, sobre todo la de altos mandos. Algunos mecanismos que integran su modelo anticorrupción son la Comisión Independiente de Corea contra la Corrupción (KICAC), así como la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles (ACRC), esta última fundada en 2008 e integrada por el Defensor del Pueblo de Corea, la Comisión Independiente contra la Corrupción de Corea y la Comisión de Apelaciones Adminstrativas.
También destacan la Ley de la Prevención de la Corrupción, así como la posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar actos de corrupción o actos ilegales, al amparo de una Ley de protección de informantes de interés público que garantiza la confiencialidad de su información personal.
Mención particular merece la Ley de Solicitud e Influencias Indebidas aprobada en 2015, que prohibe solicitar u ofrecer ventajas financieras “u otras inaceptables” a cualquier funcionario público y sus cónyuges, a cambio de recibir una autorización, un permiso, etc.
No obstante los resultados positivos de este andamiaje anticorrupción, según lo muestran indicadores como Transparencia Internacional, lo cierto es que la clase política sigue siendo proclive a los sobornos y a los conflictos de interés. No importa que los funcionarios públicos e, incluso, periodistas tengan prohibido ser invitados a cenas y comidas de negocios, o recibir regalos, por arriba de cierto monto.
Mientras tanto, el mandatario Yoon Suk Yeol tuvo que recular horas después de su decisión de declarar ley marcial, lo que ha sido insuficiente para poner fin a la espiral de desconfianza popular en torno suyo y a la crisis institucional por la que atraviesa su gobierno. Atrás ha quedado el prestigio ganado por el mandatario a lo largo de sus tres décadas como fiscal, posición desde la que llevó a la ex presidenta Park Geun-hye a la cárcel por orquestar una trama de extorsión a grandes empresas como Samsung.
Contacto:
Palmira Tapia es Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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