El panorama regulatorio del cannabis está marcado por contrastes: mientras algunos países impulsan reformas y consolidan mercados emergentes, otros retroceden debido a factores políticos o de control. Este mosaico global dinámico exige de México una estrategia clara y de largo plazo para posicionarse competitivamente; sin embargo, la falta de voluntad legislativa mantiene al país en una situación de rezago frente a las oportunidades internacionales.
En el panorama internacional del cannabis, se observan avances significativos que abren nuevas oportunidades, así como retrocesos que advierten sobre los riesgos de políticas inestables. Marruecos ha ingresado al mercado médico global con la exportación de sus primeras 50 kilogramos de cannabis medicinal a Australia, posicionándose como un nuevo actor en la cadena mundial de suministro.
Alemania, por su parte, se ha consolidado como un modelo de acceso eficiente, ofreciendo cannabis legal a un precio inferior al del mercado ilícito gracias a una política tributaria moderada y a su distribución a través de farmacias; aunque su producción medicinal aún depende en un 50% de importaciones canadienses, ha establecido una infraestructura sólida para su desarrollo. A nivel normativo, la eliminación del cannabis y su resina de la Lista IV del Convenio Único de 1961 en 2021 redujo las restricciones internacionales y facilitó reformas en distintos países.
Sin embargo, también existen retrocesos con impacto económico, como el caso de Tailandia, que tres años después de despenalizar la planta ha impuesto nuevamente la exigencia de prescripción médica, reclasificándola como narcótico y amenazando con criminalizar el mercado recreativo, lo que pone en riesgo una industria que proyectaba ingresos superiores a mil millones de dólares en 2025.
En cuanto a las cifras globales, el mercado legal alcanzó en 2023 un valor de 36 mil millones de dólares y se prevé que crezca hasta 58 mil millones en 2028, con una tasa anual compuesta cercana al 10 %.
Estados Unidos continúa liderando, concentrando cerca del 80 % del mercado global y con proyecciones de ventas de 33.5 mil millones en 2025.
Además, se ha documentado que la legalización médica reduce entre un 6.6 % y un 8.1 % la prescripción de opioides, reforzando su potencial en políticas de salud pública. No obstante, estados como Colorado, Washington y Oregón han experimentado caídas en ingresos fiscales tras el auge pandémico, evidenciando una mayor competencia y verticalización del mercado legal.
En este contexto, la discusión a nivel federal adquiere aún más relevancia: en su primera declaración pública sobre el tema desde que asumió la presidencia, Donald Trump confirmó el 11 de agosto que su administración está “analizando” la reclasificación del cannabis (actualmente en la Lista I) hacia una categoría menos restrictiva, posiblemente la Lista III del “Controlled Substances Act”, y anticipó que tomará una decisión en las próximas semanas.
Por otro lado en Brasil, la agencia de investigación agropecuaria Embrapa lanzará un ambicioso programa de investigación de 12 años para impulsar el cultivo de cáñamo (cannabis con bajo contenido de THC) con fines medicinales, alimenticios e industriales. Se planea desarrollar un banco de semillas, adaptar variedades al clima brasilero y consolidar centros regionales de producción, siempre bajo la supervisión de Anvisa tras una reciente decisión judicial que legaliza temporalmente esta producción.
En el Caribe, específicamente en San Vicente y las Granadinas, comunidades rastafaris transicionan de la clandestinidad a la legalidad. Desde que se despenalizó el uso en 2018, se ofrecen licencias subsidiadas (alrededor de 100 dólares) a pequeños agricultores, y las empresas deben adquirir al menos un 10 % de su materia prima directamente de estos cultivadores tradicionales. El enfoque está en mercados nacionales y regionales, con énfasis en turismo y productos de alta calidad, aunque el sector enfrenta retos como la vulnerabilidad climática y falta de capital.
Ambos casos reflejan movimientos interesantes: Brasil aprovecha su fortaleza agrícola para dar a la industria cannábica un carácter científico e industrial robusto; mientras que en el Caribe, se promueve una industria local inclusiva que reconcilia tradición, justicia social y regulación moderna.
Para México, las lecciones son claras: diversificar con enfoque, estableciendo marcos tributarios y regulatorios que garanticen competitividad para el productor nacional; evitar retrocesos políticos mediante regulaciones sólidas y consenso social; aprovechar el dinamismo regional con alianzas internacionales; y monitorear permanentemente las estadísticas globales para actuar como protagonista en un mercado en expansión, captando inversión, fomentando la investigación y abriendo canales de exportación.
En síntesis, la regulación del cannabis avanza a ritmos desiguales en el mundo: mientras algunos países capitalizan sus beneficios económicos y sociales, otros retroceden por decisiones políticas. México se encuentra en una encrucijada. Con marcos regulatorios claros y políticas que atraigan inversión, el país podría integrarse de lleno a una industria global valuada en decenas de miles de millones de dólares. Sin embargo, la falta de voluntad política y la dependencia de criterios morales, en lugar de evidencia científica y experiencias internacionales comprobadas, mantienen al país en un rezago que compromete su competitividad frente a mercados más visionarios y estratégicos.
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