Este septiembre, Texas se convirtió en el estado número 40 de Estados Unidos en permitir la venta de cannabis con fines médicos. Para un estado con tradición conservadora, la expansión del “Texas Compassionate Use Program” no es un detalle menor: se amplían las condiciones médicas cubiertas, se autorizan nuevas presentaciones (parches, vaporizadores, inhaladores) y se incrementan los límites de THC.
El dato duro es contundente: cuatro de cada cinco estados en EE.UU. ya aceptan el valor terapéutico del cannabis, aunque el gobierno federal siga clasificando a la planta como si fuera una de las drogas más peligrosas del mundo.
Mientras los estados avanzan, Washington sigue enredado en contradicciones. La administración de Donald Trump retiró recientemente 54 reglas propuestas durante la era Biden, entre ellas iniciativas para ampliar la investigación médica con cannabis y simplificar las pruebas de cáñamo.
El presidente ha insinuado mover la cannabis de la Lista I (categoría de máxima restricción) a un nivel menos severo, pero las audiencias y procesos de reprogramar están congelados. En los hechos, la Casa Blanca ha preferido retroceder antes que concretar.
La señal es clara: el mercado avanza a pesar del gobierno federal, no gracias a él. Y esa ambigüedad genera el peor escenario para la industria: incertidumbre legal que frena inversión, investigación y desarrollo.
En 2026, al menos tres estados podrían dar un paso decisivo hacia la legalización del cannabis: Florida, con una enmienda constitucional en camino a la boleta electoral; Pensilvania, donde el gobernador busca incluir ventas recreativas en el presupuesto estatal; y Carolina del Norte, que recibirá recomendaciones oficiales para una posible reforma legislativa. A estos esfuerzos se suman iniciativas ciudadanas en Oklahoma e Idaho, confirmando que la ola de reformas avanza incluso en territorios tradicionalmente contrarios al tema.
Para la industria del cannabis y México, la lección es doble. Primero, en EE.UU. los estados demuestran que el cannabis ya no es un tabú sino una política de salud pública y un mercado en expansión. Segundo, la falta de acción federal revela cómo la política puede quedarse rezagada frente a la sociedad y al mercado.
Para México, el mensaje es evidente: no podemos repetir el error de quedarnos atrapados en la ambigüedad legal. Si queremos convertirnos en potencia mundial de cannabis, debemos construir un marco regulatorio claro, coherente y estable.
Los agricultores, inversionistas y científicos no pueden planear en medio de la incertidumbre. La legalización no es sólo aprobar una ley: es establecer reglas claras de producción, investigación, salud y comercio que generen confianza y competitividad, pero ya esta claro que en esta administracion no pasara.
Texas se sumó al grupo de los 40 estados que ya reconocen los beneficios médicos del cannabis. Florida, Pennsylvania y North Carolina están listos para seguir ese camino en 2026. Y mientras tanto, la administración Trump oscila entre promesas de reprogramar y retiros de reglas que sólo entorpecen el desarrollo.
La conclusión es sencilla: la política puede resistirse, pero la evidencia médica, la presión social y el mercado terminan abriendo paso. México debe leer esta señal con claridad y decidir si quiere liderar la ola global del cannabis o seguir viendo cómo otros países toman la delantera.
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