Lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el cannabis y el cáñamo es una muestra clara de cómo las decisiones políticas pueden desestabilizar a toda una industria en cuestión de días. Mientras algunos celebraban el crecimiento de los mercados legales, varios estados han empezado a aplicar frenos regulatorios y fiscales que amenazan con revertir años de avance.
En Ohio, el gobernador decidió suspender por sesenta días la venta de productos derivados del cáñamo que contengan THC. La medida, presentada como un asunto de salud pública, tiene un efecto inmediato: paraliza la cadena de distribución, genera pérdidas millonarias y deja en la incertidumbre a miles de pequeños empresarios. Lo más grave no es la suspensión en sí, sino el mensaje que envía: la industria puede ser legal, pero sigue siendo políticamente vulnerable.
En Michigan, la situación va por otro camino pero con el mismo desenlace. El gobierno estatal aprobó un impuesto mayorista del 24% sobre el cannabis, una carga que, sumada a los gravámenes ya existentes, podría quebrar a buena parte de los operadores formales. En lugar de fortalecer al mercado regulado, lo empujan de regreso hacia la informalidad. Al final, quien gana no es el Estado ni el consumidor, sino el mercado negro.
Y a nivel federal, el panorama no es mejor. Pese a los mensajes que ha lanzado Donald Trump, como su reciente publicación sobre el CBD, los consumidores y empresarios ya no se dejan engañar por los gestos simbólicos. La paciencia se acabó. Prometer regulación sin concretarla genera más frustración que esperanza. El electorado cannábico es hoy más informado y más exigente; sabe distinguir entre política real y oportunismo electoral.
Lo que estamos viendo es un fenómeno de desconfianza: los consumidores desconfían del gobierno, los empresarios desconfían de la estabilidad legal y los estados desconfían de la regulación federal. Esa mezcla es explosiva, y si algo demuestra, es que la legalización mal diseñada puede ser tan dañina como la prohibición.
México debería tomar nota. Tenemos una ventaja que Estados Unidos está perdiendo: podemos construir una industria del cannabis desde cero, aprendiendo de sus errores. Pero para eso necesitamos reglas claras, impuestos razonables y una política pública que vea al cannabis no como una amenaza ni como un símbolo electoral, sino como una oportunidad económica y social.
La combinación de reacciones estatales severas, impuestos agresivos y expectativas presidenciales frustradas dibuja un panorama riesgoso. La industria del cannabis (cáñamo incluido) no es solo un asunto técnico o agrícola: es profundamente político. No basta con que la ley lo permita; hay que asegurarse de que la práctica no se fracture a la primera crisis.
El freno que Estados Unidos le está poniendo al cáñamo es, en realidad, un espejo. Nos muestra lo que sucede cuando la política se impone sobre la razón. Y ese es un error del que nosotros no podemos darnos el lujo de repetir.
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